Unas preguntas sobre el proceso de paz

La intolerancia del gobierno colombiano con cualquier comentario o crítica que se realiza sobre el proceso de paz contrasta con la permisividad y el vocabulario diplomático con el cual se refiere a su contraparte en actos públicos y  privados. Pareciera que de tanto repetir las palabras “conflicto armado” y “delito político”, el Gobierno se ha convencido a sí mismo que está ante un grupo de alzados en armas que aunque ha cometido el delito de rebelión, únicamente tiene delitos menores conexos al principal. Siendo bastante generoso, está percepción de la realidad  podría tener  alguna relación con los hechos hace veinte años cuando el negociador principal Humberto de la Calle era Ministro de Gobierno, el Ministro de Trabajo Rafael Pardo era Ministro de Defensa, el Presidente Santos era Ministro de Comercio Exterior, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas era Ministro de Desarrollo, el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo era Ministro de Minas , el Ministro del Interior Fernando Carrillo eral Ministro de Justicia y el Director del Partido de la U Aurelio Iragorri era Presidente del Congreso. Es decir, cuando gobernaban los mismos, en la Presidencia de Cesar Gaviria, quien llegó al poder al ser designado por el hijo mayor de Galán  como heredero de las banderas de su padre, y una vez posesionado impulso una agenda completamente opuesta a la galanista, para lo cual no dudo en hacer concesiones a criminales como Pablo Escobar para  su ” entrega” en 1991 y alianzas con Alberto Santofimio Botero en el Congreso de la República.  Si Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, las ideas por las cuales sacrificó su vida desaparecieron en el momento que Gaviria fue ungido como su sucesor.

En aquellos años, apenas iniciaba la participación de las farc en actividades relacionadas con el narcotráfico y los hechos de violencia que desarrollaba no tenían las características demenciales y sanguinarias que caracterizarían su accionar de los años siguientes. Con abundantes recursos económicos producto del narcotráfico y un evidente control de algunas zonas del país, se realizarían los diálogos de paz durante el Gobierno de Andrés Pastrana que permitieron comenzar a desenmascarar a los “rebeldes” colombianos ante el mundo como una organización que violaba cuanto derecho individual o colectivo existiere no sólo de la población civil, sino también de sus integrantes, especialmente de los niños y niñas reclutados bajo amenaza y condenados a vivir una opción vida que nunca eligieron. Entre tanto, la “organización rebelde” imponía récords mundiales en tiempo de retención contra su voluntad de civiles y militares, además de convertir en método de guerra la utilización de cilindros de gas, bombas  explosivas y  minas antipersonales.  Con las políticas adelantadas en los ocho años de gobierno de Uribe las farc perdieron la fuerza militar y territorial que alcanzaron a tener a finales de los noventa y perdieron su puesto en la agenda de los problemas colombianos. Con la llegada de Santos y el desarrollo de un proceso de paz a la sombra auspiciado por  dos países que no han demostrado neutralidad en la confrontación entre Estado Colombiano y farc, surgen inquietudes legítimas que trascienden la militancia política de quien las realiza.

Durante el proceso de desmovilización de las autodefensas, se repetían hasta el cansancio las palabras verdad, justicia y reparación para indicar que serían éstos los ejes de un proceso que buscaba compensar reducidas penas de prisión con la realización de estos tres fines. La alianza de los políticos con grupos de autodefensa fue sancionada por la justicia colombiana en decenas de procesos contra los líderes que decidieron unirse a estos grupos armados para conseguir dividendos políticos. La queja permanente eran las bajas penas que debían pagar delincuentes que habían cometido aterradores crímenes en diversas zonas de Colombia.

En el proceso de paz que se adelanta en La Habana no puede siquiera mencionarse el tema de verdad, justicia, reparación a las víctimas y mucho menos puede ponerse sobre la mesa la posibilidad que algunos de los miembros de las farc deban pasar un tiempo en prisión por los crímenes cometidos que no tiene conexidad alguna con la rebelión. El caso de Hernán Darío Velásquez “alias el Paisa” es bastante relevante.  Pocas de sus víctimas han sobrevivido para clamar justicia. La familia Turbay Cote, los diputados del Valle, los Concejales de Puerto Rico (Caquetá), y La Rivera (Huila),Luis Francisco Cuellar, Gobernador del Caquetá y las personas asesinadas y heridas en el atentado al Club El Nogal por solo mencionar algunas. En Youtube se puede observar los videos de este “comandante revolucionario” dando instrucciones en la preparación de algunos de estos “actos rebeldes”.  ¿Cómo explicar a cualquier ciudadano, que un delincuente que publicita sus delitos en redes sociales no deberá pagar un día de prisión por delitos de lesa humanidad por pertenecer a un grupo “alzado en armas contra el Estado?  Y en la eventualidad que se considerara esa posibilidad,  ¿no debería por lo menos contar toda la verdad sobre los delitos en que participó?.  La “organización rebelde” se niega siquiera a pedir perdón por los miles de crímenes cometidos y siempre contraataca declarándose víctima con un discurso del siglo pasado.  El proceso de paz se soporta en la negativa de una de las partes a la verdad, la justicia y la reparación a sus víctimas.

Decir esto no significa que alguien sea de la extrema derecha, pertenezca a la oligarquía que se opone a los cambios en beneficio del pueblo o impida que la sociedad colombiana logre algún día la paz. Al contrario, es el momento de realizar preguntas y exigir respuestas para evitar que los mismos que negociaron con Pablo Escobar hace veinte años, nos dejen a las puertas de otra Catedral con la justificación que es “para el bien de todos”.