Angelino
Garzón, Vicepresidente de la República en un foro en la Universidad Externado
la semana anterior manifestó su contrariedad con el fallo de la Corte
Internacional de Justicia del año pasado que accedió a algunas de las
pretensiones de Nicaragua sobre la titularidad de las aguas del Mar Caribe que
hasta esa fecha se presumían de propiedad colombiana. Fue enfático en señalar
que el fallo emitido por ese Tribunal era inaplicable. Con posterioridad a ese
pronunciamiento, diferentes voces apoyaron la posición de Garzón y solicitaron
al Gobierno Nacional el despliegue de la poderosa flota marina del país para
notificar a los nicaragüenses que no será con “fallos judiciales” que le
quitarán a la República una parte de su territorio.
Juan
Daniel Jaramillo, asesor del Gobierno en una entrevista que publica el Diario
El Tiempo (http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-con-juan-daniel-jaramillo-ortiz_13013168-4) respalda la tesis del Vicepresidente y concuerda
con la posición según la cual el fallo debe acatarse pero no cumplirse. Las
firmas internacionales contratadas por el Gobierno con posterioridad al fallo
se han dedicado a buscar justificaciones y errores de la Corte Internacional de
Justicia para dar argumentos a la decisión de no dar cumplimiento a lo ordenado
por este tribunal. Está posición comienza a ganar simpatías entre diversos
sectores que consideran un exabrupto que Colombia deba cumplir un fallo en favor
de un país que está “por debajo” del nuestro, además de ser una poderosa
fórmula para provocar falsos nacionalismos. Peligrosa situación en un gobierno
que ha demostrado lo importante que son las encuestas para tomar decisiones.
Más que
el caso particular del pleito con Nicaragua, se revela el talante que hemos
construido como sociedad por mucho tiempo: La posibilidad de irrespetar la ley
y los fallos judiciales cuando contraríen nuestros intereses. El caso más
reciente es el de compañías nacionales y extranjeras que con pleno conocimiento
crearon estrategias para vulnerar la ley agraria con relación a la prohibición
de acumulación de baldíos.
Alguien recuerda
que la EPS más grande de Colombia fue intervenida hace dos años por sus manejos
financieros y las exóticas inversiones
de sus directivas y a la fecha nadie ha sido llamado juicio por esas
actuaciones, indicando que el asesor de confianza de dicha entidad es ahora el
Fiscal General de la Nación. Un ejemplo de “inaplicación” de la ley.
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