Las fotos no podían ser más
conmovedoras. El magnánimo Juan Manuel II entregaba a “Doña Mechas” una casa
nueva en la cual la imagen del generoso benefactor tendría mejor lugar que el
sagrado corazón. La beneficiaria de dicho regalo presidencial fue la misma que
mediante un video casero replicado miles de veces manifestó su intención de
voto por Santos en lugar de su contrincante en las pasadas elecciones. La escena
no debería provocar algo diferente a una sonrisa por parte de los desprevenidos
lectores de prensa que observaban al pacificador repartiendo prosperidad por
Colombia. Sin embargo, este acto refleja algo diferente: es la continuación de la costumbre de los políticos de usar los recursos púbicos como propios para
“premiar” a sus seguidores. Además, es la reiteración de nuestra cultura de no
respetar la fila. Mientras la seguidora de Santos solo necesito de la
influencia de su padrino para obtener una vivienda gratis, en Villavicencio hay
cientos de familias desplazas y vulnerables que desde hace más de una década
esperan la entrega de sus viviendas en la Urbanización San Antonio. Familias
con subsidios asignados desde 2003 continúan esperando que les entreguen sus
viviendas en la misma urbanización donde fue asignada la vivienda a la seguidora
´presidencial. Marchas, tutelas, procesos y quejas ante todas las instancias existentes
en el ordenamiento jurídico colombiano no han podido conseguir que finalice la
construcción de estas viviendas. El pasado sábado el presidente Santos anunciaba
que se entregarían 7000 millones de pesos para terminar más de 600 viviendas
que debieron terminarse hace ocho años. Así, los que están haciendo la fila hace
10 años continúan su espera mientras los recomendados del todopoderoso reciben
los beneficios de “juanpa”.
La igualdad en el trato de
los ciudadanos solo existe en la Constitución. En la vida diaria el tratamiento
recibido por el Estado depende las más de las veces de las condiciones
económicas, influencia o recomendaciones del ciudadano. La Fiscalía General de
la Nación presidida por el abogado de la empresa acusada del mayor desfalco a
la salud en la historia de Colombia y que sólo después de tres años ha tenido
la idea de solicitar una entrevista con el cerebro de dichas operaciones
anunció de manera pública la citación a audiencia de imputación de cargos por
diferentes delitos a la Contralora saliente Sandra Morelli. La acusan de
diversas irregularidades en el traslado de la sede administrativa de la
Contraloría de un viejo edificio en el centro de Bogotá a una cómoda sede en
otra parte de la ciudad, lugar donde existía suficiente espacio para albergar el ego de la funcionaria pagando a cambio más de 2.800 millones de pesos mensuales de
arriendo. Esa austera entidad es la que tiene por función constitucional
realizar el control fiscal en Colombia. Las acusaciones de la fiscalía mencionadas
en la rueda de prensa, lugar donde mejor se maneja el ente acusador bajo esta
nefasta administración, informan de la
pérdida de miles de millones de pesos debido al traslado realizado. A pesar de las
graves acusaciones, el ente acusador informa que no solicitara medida de
aseguramiento contra la Contralora Morelli. Es decir, la acusan de delitos
contra la administración pública que generaron la pérdida de miles de millones
de pesos pero no consideran pertinente solicitar que la acusada sea detenida. ¿Y
cuál es la razón para ello? Si ciudadanos
acusados de delitos mucho menores son privados de su libertad diariamente no se
entiende como una persona a quien se acusa de haber cometido tan graves delitos no deba ser
cobijada por una medida de aseguramiento. Bueno, aunque en este caso, al menos
han existido acusaciones. Mientras tanto, en casos como los de Saludcoop e Interbolsa, sus principales
protagonistas siguen libres sin siquiera acusación de parte de la fiscalía. No
hace falta saber cuáles son las causas del trato diferenciador en estos casos.
Pero
como toda situación mala es susceptible de empeorar, la aplanadora del Congreso
de Santos entregó la Contraloría a Edgardo Maya. Dando muestra de su lucidez y
conocimiento de la entidad que va a presidir, horas después de su elección en
entrevista con El Tiempo decía el nuevo Contralor: “ Qué va a hacer con el tema de la minería ilegal? La minería ilegal y
el medio ambiente en general serán grandes componentes de la Contraloría. Además, vamos a tener mucho que ver con la
defensa y promoción de los derechos humanos.” Maya desde la Contraloría espera ejercer las funciones del
Ministerio Público. Ojala alguien le explique en qué consisten las funciones de
su nuevo cargo.
Podemos
reformar la constitución las veces que queramos pero mientras el Estado siga
siendo manejado por presidentes que piensan que pueden entregar casas sin
respetar la fila, fiscales que asumen su cargo a pesar de los evidentes
impedimentos que tienen y contralores que no tienen idea las funciones de su
despacho nada va a cambiar. Juan Manuel II tuvo la oportunidad de realizar
cambios en este aspecto pero prefirió asegurar su “gobernabilidad” a la sombra
de los corruptos de ayer, hoy y mañana. Salvo el proceso de paz, en su forma de
gobernar y actuar cada día se parece más a Alvaro Uribe. Y cuando uno ve al
pobre Uribe en la plenaria del Senado rogando que lo dejen hablar u observa a
Gaviria llorando por su candidato a Contralor recuerda que el poder es efímero.
Ojala Juan Manuel II se dé cuenta a tiempo.
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