Se cumplen dos meses del
cese de actividades de los funcionarios de la rama judicial sin vislumbrar un
acuerdo que ponga fin a la protesta. Tampoco se observe interés del gobierno en
resolver las diferencias de más de veinte años con los huelguistas. Por su
parte, los trabajadores saben que los gobiernos son muy amplios para firmar
acuerdos pero poco rigurosos al cumplirlos y por esto en esta oportunidad
parecen ir por el todo o nada. El momento para realizar peticiones
extravagantes no es el mejor debido a que el actual presidente hipoteco el
presupuesto de la próxima década para su reelección pensando en un barril de
petróleo con un precio superior a los noventa dólares y ahora que el valor de
este recurso va cuesta abajo no sabe que inventarse para cumplir los
compromisos “programáticos” con varios de sus aliados. Que en un país con aspiraciones de entrar a la OCDE
(Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico) la administración de justicia
suspenda sus labores por más de sesenta días es algo que debía ser relevante y
su solución prioritaria para el gobierno. Durante este tiempo de paro judicial,
el presidente ha estado pendiente de asuntos más importantes como reunirse con
James Rodríguez en Madrid, recibir a su alteza el príncipe Carlos y recibir
grados honoríficos de universidades extranjeras. Ocupaciones tan importantes no
permiten que en la agenda del ejecutivo se incorporen temas menores como la ausencia
de administración de justicia.
Para las personas del común,
la existencia de un paro judicial afecta a quienes han tenido la desventura de
ventilar un proceso ante los juzgados de cualquier jurisdicción y jerarquía. A
menos de quince días para el inicio de la vacancia judicial, quienes tuvieran
algún trámite urgente tendrán que pensar que hasta febrero del año entrante
comenzaran a tramitarlo debido a que las primeras semanas de enero se perderán
mientras los funcionarios al regreso de sus vacaciones reprogramam audiencias y
turnos que han sido modificados por la protesta. Y algunos piensan que Venezuela
o México son ejemplos de estados
fallidos. Ahora, ¿Cuál es la justicia que se encuentra en cese de actividades ?
La misma que después de dos años no ha imputado cargos a los cerebros de la
estafa de Interbolsa. O la misma que no realizó acción alguna en casos como los
de Saludcoop y por el contrario, llevó a la cúpula de la fiscalía al abogado de
estos oscuros personajes. O aquella justicia que condena al borrachín pobre
pero permite que el borrachín rico “ repare” a sus víctimas y siga su vida con
un anécdota más que contar. O la justicia que suspende consultas populares a
horas de su realización y en favor de la industria petrolera. La indiferencia del gobierno y los ciudadanos
ante el actual paro judicial es un efecto de la percepción que se tiene de la
justicia en Colombia. Pareciera no
existir diferencia en que la rama judicial se encuentre o no operando, pues
quienes infringen la ley de manera sistemática y notoria jamás son castigados.
Solo basta revisar la forma como el Gobierno se encuentra dedicado a expedir
una ley para “subsanar” las ilegalidades cometidas por la acumulación de
baldíos por parte de empresas nacionales
y extranjeras asesoradas por abogados sofisticados.
Nota: El Edificio de la sede
de Unasur se llama Néstor Kirchner. El Secretario General que lo inaugura es
Ernesto Samper con la presencia del demócrata Nicolás Maduro. Puede desde ya
imaginarse el tono ético de la Organización. Y quieren crear una Corte del Sur¡¡.
Nadie mejor que nuestro actual fiscal como miembro de la misma dada su
inigualable integridad.
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