La realidad supera la
ficción. Nadie imaginaria al Presidente de la Corte judicial encargada de
defender los derechos fundamentales de los ciudadanos grabando secretamente
conversaciones privadas. Mucho menos esperaría que ese funcionario las filtrara
a los medios de comunicación para “hacer justicia”. Tampoco esperaría que un
exmagistrado que burlo la edad de retiro forzoso y se quedó tres años más hasta
finalizar su periodo responsabilizara a
sus contradictores en la misma Corte por
cualquier cosa que le pueda pasar. En cualquier parte causarían sorpresa
las declaraciones de otro magistrado justificando que particulares paguen
gastos a miembros del tribunal debido a la inexistencia de “base logística” que
le permita a la Corte dedicarse a
organizar eventos académicos. La sorpresa de la actual crisis no son los actos
de corrupción mediante los cuales se arreglaban procesos en un alto tribunal
sino la frescura y desparpajo de sus protagonistas, los cuales personalmente o
por intermedio de sus abogados se han encargado de complicar su situación personal
mediante declaraciones erróneas en los medios de comunicación.
Es tal el grado de confianza
y seguridad que algunos abogados
cocteleros y lobistas tienen con relación a sus actuaciones, que cuando iniciaba el escándalo
el abogado de la firma involucrada que fue contratado en el momento posterior a
la selección por la Corte Constitucional de la tutela mediante la cual su cliente buscaba dejar sin efectos un fallo de la Corte Suprema
de Justicia, no tuvo inconveniente en acompañar al Magistrado implicado en la
acusación y mentirle a un periodista sobre su participación en el caso. Luego
de ser descubierto indicó escuetamente que por su amistad con el juez y al
verlo afectado por las denuncias de sus compañeros lo había acompañado a la
entrevista a solicitud de un grupo de amigos. De esta manera un exmagistrado de
la Corte Constitucional y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos explicaba su conducta. Días después se ha hecho pública otra acción de
tutela en que los mismos protagonistas de esta historia como abogado y juez
defendían a la firma Recaudos y Tributos para lograr que ésta firma continuara
desangrando al municipio de Santa Marta por un contrato absurdo y contrario a
los interés público que fue suscrito hace algunos años para la recaudación de
los impuestos de la ciudad.
No podía faltar en esta
historia el exitoso exmagistrado de la Corte Constitucional, hoy Fiscal General
de la Nación quien se declaró impedido para actuar en el presente caso debido a
que como abogado rindió por ochenta millones de pesos un concepto a Fidupterol
indicando que por las actuaciones adelantadas en el caso de los dineros del
departamento de Casanare no le cabía responsabilidad alguna. Un par de años
después del millonario concepto las autoridades fiscales y judiciales
dictaminaban todo lo contario y la empresa se iba a liquidación ante la
imposibilidad de pagar por las obligaciones derivadas de las condenas en su contra
por su intermediación en el manejo de los dineros del citado departamento.
Estos exclientes del actual fiscal tuvieron menos suerte que Palacino y su
amigos de Saludcoop, a quienes la justicia jamás llamó a rendir cuentas por el “manejo”
de los recursos de la EPS.
Y… ha existido algún pronunciamiento
gremial por lo ocurrido? Ninguno, aunque no se descarta que los mismos
firmantes de la carta de apoyo al Magistrado Alberto Rojas de hace algunos
meses, este pendientes de suscribir una nueva declaración de apoyo en respaldo
a los compañeros injustamente acusados. Renuncié o no Pretelt, nadie cree en un
proceso adelantado por la Comisión de Acusaciones, razón por la cual sería deseable
que la facultades de derecho o el gremio de los abogados emitiera alguna
declaración sobre el tema. El que calla otorga. La manera de impulsar los
procesos por parte de los involucrados en este caso es un reflejo de la forma
en que se manejan algunos casos ante la rama judicial en Colombia. Y mucha
veces, como en este caso, los clientes se parecen a los abogados. Por eso,
escuchar al defensor del magistrado señalado indicar que la ética no tiene
relación con el derecho no debía estremecer a nadie. Más que una declaración
errada fue una descripción de la realidad por parte de uno de los abogados del
momento que hace de esa frase una forma exitosa de ejercicio profesional.
La renuncia no debía
limitarse a Pretelt. Debían irse todos los magistrados que conociendo las
calidades del personaje lo apoyaron con su voto para ser presidente de la más
importante Corte del país. No es benéfico para Colombia que continúen en su
cargo magistrados que graban a sus interlocutores de manera ilegal para luego
redactar sentencias sobre la protección a los derechos fundamentales. La Corte
no actuó con convicción propia sino que adoptó decisiones presionada por la
opinión y los medios de comunicación. Cuando los magistrados vieron que podían
venir por todos, soltaron al más débil a los lobos.
Para los estudiantes, abogados y ciudadanos,
la revelación de la manera en que se trafican influencias en las altas cortes
debe generar una reflexión que permita considerar que si el derecho no se
relaciona con la ética, la posibilidad de volver a tener confianza en la
administración de justicia es ninguna.
Mientras se siga estimulando la figura del abogado canchero, serruchero
y con contactos como la ideal de la profesión, episodios como estos serán el
pan de cada día.
Totalmente de acuerdo con su apreciación Dr. Garcés, lamentablemente son pocos los abogados que actúan con honestidad, y no brillan tanto como los abogados marrulleros, que son el modelo a seguir de algunos futuros abogados. Así que el panorama no es muy optimista. Decepcionante :(
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