Hace
algunos días en Bogotá un ciudadano fue asaltado por dos delincuentes que
después de amenazarlo, le hurtaron una importante suma de dinero y huyeron en
una moto. El ciudadano encendió su carro, persiguió a los hampones, les pasó el
carro por encima, matando a uno e hiriendo al otro. La Fiscalía General de la
Nación le imputara al conductor asaltado los cargos de homicidio y lesiones
personales. Hartos de la inseguridad, muchos ciudadanos han expresado su solidaridad
con las acciones del conductor homicida y han mostrado su inconformidad con la
acusación que le realizara ante los jueces la fiscalía. Ante la ausencia de un
Estado que castigue a los delincuentes, estos comportamientos deberían ser
aplaudidos e incentivados. Al fin de al cabo, los ladrones se lo “buscaron”.
Con la misma lógica los paramilitares llenaron de horror el país. La anterior
noticia se originó de manera concomitante con la sentencia de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia que casó la sentencia del Tribunal Superior de
Bogotá que había condenado al Coronel Plazas Vega por la desaparición del
administrador de la cafetería del palacio de justicia y concedió la libertad al
citado oficial. Las primeras declaraciones del oficial al recibir su libertad
son las mismas que ha repetido él y sus defensores mediáticos tipo Londoño
Hoyos, en los últimos años. La responsabilidad por los hechos ocurridos hace 30
años recae exclusivamente en el M-19, grupo que a sangre y fuego ingresó a la
edificación y secuestro a los Magistrados del tribunal más importante del país.
Ellos deben responder por todo cuanto ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985
pues las fuerzas militares estaban cumpliendo sus funciones constitucionales. Los civiles que fueron desaparecidos y
asesinados son apenas un daño colateral de la defensa de la democracia. Además,
lo que originó su muerte, luego de salir con vida del palacio de justicia
y ser torturados fue la sospecha de pertenecer
a la guerrilla que había ejecutado la esquizofrénica operación de toma del
palacio de justicia. Todo el que
perteneciera a esa organización en ese momento podía ser ejecutado y/o desaparecido por las fuerzas del Estado
por el solo hecho de pertenecer a la misma. Cuando ingresaron a la casa del
florero y fueron divididos en buenos y malos, a los ciudadanos que tuvieron el
infortunio de ser etiquetados como integrantes del segundo grupo sus derechos
les fueron cercenados. El asunto no pasa por el resultado del proceso de Plazas
Vega, quien obtiene su libertad en medio de los avances de los diálogos de paz
con las farc, en un momento de excepcional conveniencia política de un fallo
como estos, indicando que si los comandantes guerrilleros no pagaran cárcel,
tampoco deben hacerlo los oficiales de las fuerzas militares.
El
tema de fondo es la manera como se ha construido una dialéctica de justificación
de la eliminación del otro. Las
etiquetas de guerrillero o ladrón permiten que los particulares o los
servidores públicos tomen la justicia por su mano ante el aplauso general del
restable público. Quienes dirigieron las operaciones del palacio de justicia
fueron alumnos aventajados del Estatuto
de Seguridad de Turbay que enterraron el movimiento estudiantil de los setenta.
Nunca fueron juzgados y sus crímenes permanecen impunes. Veinte años después de
los hechos del palacio de justicia y ante la noticia de asesinatos de jóvenes humildes,
el presidente de turno contestaba que los muertos no estarían en las zonas donde fueron
encontrados “recogiendo café”. Años
después se conocería de la tenebrosa práctica denominada como los falsos
positivos, donde se capturaban jóvenes inocentes, se disfrazaban de
guerrilleros y se les asesinaba con la finalidad de demostrar resultados
operacionales en la lucha contra la subversión.
El
M-19 es el principal culpable de los hechos del palacio de justicia. Nadie tiene
duda de ello. El derecho de los familiares de las víctimas y la sociedad en
general es conocer que ocurrió con las personas que salieron vivas del palacio
y fueron asesinadas o jamás volvieron a aparecer. Desde que salieron de la
edificación del palacio de justicia, la custodia y cuidado de estas personas fue responsabilidad del
Estado. Echarle la culpa a los bandidos que se tomaron la edificación que a
esas horas se encontraban muertos o viviendo sus últimas horas dentro del
edificio es un insulto a la inteligencia y un canto a la impunidad.
La
eliminación de las causales que justifican la eliminación del otro es la
primera terea en la construcción del nuevo país que supuestamente emergerá después
del proceso de paz. Es claro que la paz va mucho más allá de la desmovilización
de un grupo sin apoyo popular que en su equivocado accionar permitió que nos
acostumbramos a justificar lo injustificable.
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