Castrochavismo e impunidad en el acuerdo final de paz

A una semana de la suscripción del acuerdo que pone fin a las negociaciones entre la guerrilla de las farc y el gobierno colombiano, sus opositores repiten a diario diatribas en las cuales se indica que la impunidad es el común denominador del acuerdo que llevará a Colombia por la misma senda de Venezuela y Cuba, en lo que denominan el castrochavismo.

La acusación referente al ingreso del país al castrochavismo no tiene fundamento diferente al capricho de quienes la emiten. En el Gobierno del presidente Santos se han suscrito acuerdos internacionales de inversión con la Unión Europea, Corea, Singapur, Francia y Turquía. Se ha continuado la política del gobierno anterior de ofrecer condiciones especiales de inversión a los extranjeros para que depositen sus recursos en Colombia. La utilización de los contratos sindicales (aquellos que hacen sindicatos con empresas)  se han convertido en el modelo perfecto de tercerización sin que a la fecha se hubiere tomado correctivo alguno. Las reformas tributarias realizadas durante el Gobierno han tenido como fundamento la ampliación de la base tributaria antes que el aumento de tarifas para los contribuyentes con mayores ingresos. Las modificaciones  al régimen de contratación en el cual se eliminó el pago de anticipos ocasiono una singular concentración de la obra pública en pocas manos. Gracias a lo anterior el dueño de la tercera parte del sistema financiero y  propietario del principal diario nacional es ahora el actor más importante en las obras de infraestructura vial del país. Por último, las respuesta del Gobierno a las denuncias sobre acumulación ilegal de baldíos en el sur del país por empresarios nacionales y extranjeros lejos de abrir camino a sanciones ejemplares a quienes en asocio de sus abogados sofisticados cometieron tales acciones ilícitas ha sido promover leyes para sanear esas titulaciones y respetar la “buena fe” de los acumuladores de baldíos.

El acuerdo final en materia de propiedad no establece una expropiación masiva de tierras rurales. La ley de restitución de tierras expedida hace más de un lustro con sus pírricos resultados es el antecedentes más próximo del acuerdo. Fieles a nuestra tradición histórica, creamos leyes innovadoras que promocionamos a nivel internacional ruidosamente pero a nivel interno su ejecución o cumplimiento es nulo o inexistente. En las diferentes intervenciones, tanto del presidente Santos como del jefe del equipo negociador y futuro candidato presidencial Humberto De la Calle siempre se reitera que en los acuerdos no se tocó la sagrada propiedad privada, elemento fundacional de nuestra república. La queja más sentida es la realización de un nuevo catastro rural que traerá como consecuencia el aumento del impuesto predial de las propiedades rurales. Eso, en sí mismo sería una revolución pues muchas de esas propiedades siguen tributando sobre valores catastrales del siglo XIX sin que ningún gobierno se atreva a actualizar a precios reales el valor de las propiedades so pena de ser etiquetado de comunista.

Salvada la propiedad privada, garantizada la inversión extranjera con el compromiso de solución de conflictos en tribunales internacionales de tan grata recordación y mejores resultados para el país, los dardos se lanzan contra la posibilidad que los miembros de las farc puedan ser elegidos a cargos públicos. Y allí, el expresidente Uribe, él mismo que recomendaba a los parlamentarios de su coalición que votarán por los proyectos de su gobierno antes de ser privados de su libertad por la comisión de delitos que iban desde el concierto para delinquir hasta el homicidio, es inflexible: No puede participar en política aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Y suena muy bien. Los criminales que incurrieron en estas conductas no deberían tener derecho a ser elegidos para corporaciones públicas. El único inconveniente de esa tesis es que negarles la elegibilidad política a los miembros de un grupo alzado en armas y reconocido como tal por el mismo Estado con el cual negocia es matar la posibilidad de cualquier acuerdo. Medio siglo después de la creación de las farc  gracias a los buenos oficios del abuelo de  la senadora Paloma Valencia, el acuerdo entrega una participación mínima en el Senado y la Cámara para los periodos de 2018-2022 y 2022-2026. El 5% del Senado y el 3% de la Cámara de Representantes será integrados por representantes de las farc, convertidos en organización política. En el mejor de los casos podrán realizar uno que otro debate pero esa ínfima participación no les permite otra cosa que ser un grito entre la multitud. Se plantea que en la Colombia del sur, la pobre que nadie visita y nadie representa se crearan unas circunscripciones especiales (16) para la elección de representantes a la Cámara de esas regiones que jamás han tenido vocería en el Congreso. En su elección no participarían los actuales partidos sino que sería una competencia entre el nuevo partido de las farc y otras organizaciones. Concediendo que las farc ganaran todas estas circunscripciones, su participación en la Cámara sería del 10% de la totalidad de integrantes de la misma.  Algunos dicen que ese es el inconveniente, que “regalarles” esa participación ocasionara que comiencen su proyecto político y lo más preocupante es que podrían llegar a la mismísima presidencia. Compartiría esa tesis si estuviéramos ante una organización alzada con algún apoyo popular de importancia, sin embargo las farc son el mayor enemigo de las farc. Lo son con el discurso arrogante y soberbio que mantienen aún después de finalizar las negociaciones. Márquez y sus muchachos se niegan a pedir perdón por sus actos atroces y esa actitud hace más daño que cualquier condena que pueda imponerles un juez. Su falta de generosidad y reconocimiento con la oportunidad que la sociedad les está entregando será una de las claves de su fracaso político. Las explicaciones que no quisieron entregar y las excusas que se han negado a presentar serán exigidas por los colombianos en los diferentes escenarios en que incursiones en la vía pública y allí ya desarmados la disyuntiva política será explicar o desaparecer. Mantener la misma actitud que hasta ahora han tenido tendrá como resultado su aniquilamiento político.

¿Generan impunidad estos acuerdos? La respuesta sería positiva si tuviéramos encarcelados a los cabecillas guerrilleros y fruto de los acuerdos salieran libres y exentos de toda culpa. La justicia transicional descansa sobre la base de contar la verdad sobre los hechos ocurridos en el conflicto interno en medio siglo. ¿Se contará toda la verdad? Por supuesto que no. Tendremos apenas un acercamiento a lo que ocurrió estas décadas. Pensar que la finalización del proceso sería la imagen de los cabecillas de las farc entrando a la cárcel modelo implicaría que hubiera existido no una negociación sino un triunfo militar del Estado. Parte de lo sapos que no debemos tragar para finalizar con el conflicto con las farc es soportar que sus cabecillas no irán a prisión y participan en política. El tema no debía sorprender tanto a los colombianos. Durante el gobierno de Alvaro Uribe se cometieron miles de falsos positivos, eufemismo para nominar el asesinato y la desaparición de civiles por las fuerzas armadas acusados de ser miembros de la insurgencia. Hoy están en prisión los soldados y mandos menores que participaron en estos operativos. El entonces Ministro de Defensa de la época donde ocurrieron estos hechos es hoy presidente de la república y el entonces presidente es el jefe de la oposición. Pareciera que en los actos atroces de la guerra colombiana, los guerrilleros rasos actuaban en nombre de los comandantes de la organización pero los soldados actuaban en nombre propio, de tal manera que los jefes guerrilleros si son responsables de estas acciones pero los mandos militares son inocentes o víctimas de la sesgada justicia colombiana. La impunidad por los actos cometidos por ambas partes será uno de los costos que serán asumidos en este proceso.

En últimas, para los colombianos que vivimos en las principales ciudades del país no cambiara de manera sustancial la vida después del acuerdo. Así como la guerra se ha mirado con indiferencia y por televisión, los acuerdos para finalizar la misma y sus efectos no tendrán mayor relevancia. Seguiremos escuchando a Julito y Casas preocupados por el aumento en las tarifas de primera clase entre Madrid y Bogotá mientras en la noche la televisión nos entretiene con la edificante vida de Diomedes Diaz o Galy Galeano. Por nuestra desconexión con ese país que queda en el sur que lleva 50 años en guerra, no tenemos derecho para oponernos al acuerdo al que han llegado el gobierno y las farc. Fundamentar la oposición al acuerdo en la impunidad de unos señores que si no fuera por él mismo jamás acudiría a un juzgado o levantar el dedo acusador para señalar que vamos tras el camino de Venezuela no deja de ser una arenga desorientadora y mentirosa que solo quiere jugar con el miedo y la ignorancia de los ciudadanos. El apoyo al acuerdo de paz nace de una visión pragmática de los habitantes de un país mamados de una guerrilla soberbia y asesina que piensan que vivirán mejor sin tener que soportar una guerra absurda en la que se dedica la mayor parte del gasto público a mantener el más numeroso ejército de Suramérica mientras se desatienden otras necesidades prioritarias de la población.  Si no podemos tolerar que unas personas con ideas que no compartimos participen en la actividad política y consideramos que su único destino es la cárcel o el cementerio nos merecemos otros 100 años más de guerra, gobernados por los mismos grupos y personajes que han sido exitosos en vendernos la idea que esto que hemos vivido hasta ahora es la normalidad.