El señor Alejandro Ordoñez
Maldonado, exprocurador General de la Nación cuya segunda elección fue
declarada nula por el Consejo de Estado después de un tormentoso trámite de
varios años en los cuales el devoto jurista dedicó sus mejores esfuerzos a
dilatar y enredar el proceso en su contra tenía a su disposición y la de su
familia únicamente 16 carros blindados con más de 70 personas dedicadas a
garantizar su seguridad. Las funciones de la Procuraduría no incluyen la
acusación y persecución de delincuentes pues esa tarea la “cumple” la fiscalía general
de la nación. El procurador es un representante de la sociedad que vigila el
cumplimiento de la Constitución, defiende los intereses colectivos y es la
suprema autoridad en materia
disciplinaria de los servidores públicos. Durante sus dos periodos como procurador,
Ordoñez dedico su energía a imponer sus creencias religiosas y sus doctrinas personales sobre el resto de
los ciudadanos, destacándose por su persecución a las minorías en contravía del
espíritu de la Constitución de 1991.
Los medios de comunicación
informan desde la semana anterior que el ahora político Ordoñez suscribió un
acto administrativo para mantener intacto su sobrio esquema familiar de
seguridad hasta el año 2020. Luego de que se hicieran públicos los documentos
mediante los cuales el exprocurador se había favorecido a sí mismo asegurándose
un contingente de seguridad por cuatro años propio de Alejandro VI, con su
amabilidad habitual manifestó que si era mucho inconveniente le quitaran su
custodia pues él era protegido por fuerzas metafísicas.
El asunto de fondo no es que
Ordoñez conserve o no su numerosa escolta. Es el abuso del poder en que sin
rubor alguno incurren servidores públicos en Colombia a diario. ¿Cuántos
exfuncionarios civiles y militares conservan de manera perpetua esquemas de
seguridad que terminan como misión principal acompañando a las esposas de los
ex a hacer mercados?
Los esquemas de seguridad
pagados por el Estado y algunas veces por entidades privadas se convirtieron en un accesorio de primera
necesidad para arribistas y personajes del jeep set criollo que entienden que
su nivel de importancia social es proporcional al número de escoltas y carros
se seguridad que les abran paso. Causa risa el caso de individuos que
únicamente están amenazados por sus propias acciones pero viven rodeados de
escoltas que garantizan su vida de los múltiples criminales que quieren ponerle
fin a su preciada existencia. Más risa causa ver a los seguidores de Ordoñez
justificando su abuso en las declaraciones del delincuente Popeye, homicida
oscuro y siniestro quien aumenta sus seguidores en redes sociales con sus
lúcidos pronunciamientos sobre este y otros temas. Muy pocos argumentos deben
tenerse para fundamentar una petición en los dichos de uno de los sicarios de
Pablo Escobar.
Mientras se van descubriendo
los abusos de personajillos de la talla de Ordoñez, el país completa un mes
después del plebiscito que no respaldo el acuerdo final con las farc. Cada vez
es más evidente que ninguna de las dos partes tenía un plan b y en la marcha
ambas improvisan una posición que oculte su falta de planificación. Mientras
tanto, nuestros políticos dedicados a los que más les gusta: campañas y
puestos. Vargas Lleras, el único precandidato que ha tenido la oportunidad de
manejar a su antojo tres ministerios en la época anterior a su elección inunda
la prensa con sus “realizaciones” en todo el país y se enfrenta al gobierno al
que pertenece por la reforma tributaria. El papá del Director de Planeación,
celebra con el papa de Horacio el Concejal de Bogotá y el papá del Director de
la Agencia Nacional de Tierras la
llegada a la Procuraduría del exministro de Gaviria y Santos, el doctor
Fernando Carrillo, indicando que es una
conquista del glorioso partido liberal que de esta manera vuelve a apoderarse
del Ministerio Público. En el Centro Democrático, los tres aspirantes a muñeco
del jefe se pelan por salir en las fotos cerca del colombiano del siglo. El partido conservador derrotado en las
justas por la Procuraduría intenta posicionar a sus candidatos para el 2018.
Todos desde sus carros
blindados y con escoltas pagados por los contribuyentes enfocan su interés a lo
único que les importa: los puestos y los contratos. Lo demás no tiene ninguna relevancia. Gane el
que gane en año y medio ellos seguirán con sus esquemas de seguridad gobernando
a Colombia con completa impunidad.
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