Existió hace algunas décadas
un país en el cual la posibilidad de afrontar un proceso judicial por las
actuaciones ilegales de los ciudadanos era un elemento que servía para disuadir
a aquellos que consideraban cometer actos ilegales. La explosión del
contrabando en los setenta y el narcotráfico en los ochenta, tuvo entre algunas
de sus consecuencias negativas, la pérdida de temor por parte de los delincuentes
a ser procesados debido a la posibilidad de transar o intimidar a las
autoridades. De esta manera, mientras en el discurso para la galería se
anunciaba que caería todo el peso de la ley a sus infractores, en la sombra se
volvió una práctica de comúnla aceptación el porcentaje que debía reservarse
para arreglar problemas judiciales.
La práctica anterior que
inició con contrabandistas y mafiosos, se extendió después de los noventa a los
“nuevos ricos” que se aprovecharon de la descentralización promovida por la
Constitución de 1991 y asaltaron presupuestos municipales y departamentales a
discreción con el consentimiento y hasta admiración de todos los organismos de control.
La reciente detención del Contralor de Antioquia revela una práctica corriente
en Colombia. El primer acto de un Gobernador o Alcalde de cualquier departamento
o municipio del país es “dirigir” la elección en la Asamblea Departamental o
Concejo Municipal de un personaje cercano que se encargara de encubrir sus
actuaciones durante su periodo y revelar las actuaciones de algún rival
político si las circunstancias así lo ameritaran. Quien maneja el presupuesto
paga la elección de su compadre y acuerda una participación por su labor en los
próximos 4 años. El incumplimiento en la entrega de la tajada acordada es lo
que causara actuaciones de tipo fiscal contra el mandatario en su periodo. Por
supuesto que existen excepciones, pero son eso, excepciones. El proyecto de
reforma constitucional que espera regresar al control previo por parte de la
Contraloría aumentara exponencialmente la tajada de los contralores en los
próximos años.
Ante la normalización de este
tipo de conductas por los “líderes” de la sociedad, la relajación en el
cumplimiento de las obligaciones por parte de los ciudadanos en general no se
hizo esperar. De esta manera, en la actualidad son pocos los que se preocupan
por incumplir sus obligaciones, debido a que la lentitud de la rama judicial
permite las más de las veces, que las sentencias de los jueces queden para
enmarcar sin poder ser efectivamente cumplidas. En campos como el derecho penal,
se busca es un apoderado que dilate indefinidamente el proceso para que el
vencimiento de términos permita la obtención de la libertad de los presuntos
delincuentes. Por no hablar de las detenciones domiciliarias de hampones como
el ex presidente de Interbolsa quien era maduro para cometer los delitos pero
de la tercera edad para pagar sus condena en centro carcelario.
Ese nuevo estado que se ha desarrollado
en los últimos años donde la corrupción es la mayor fuente de ingresos no quiere
ser modificado pues existen grupos que derivan altos ingresos de estas
actividades. En departamento como Guajira y Norte de Santander son delincuentes
condenados por homicidio quienes dirigen desde la cárcel la política regional,
de la misma manera en que Pablo Escobar desde la Catedral seguía manejando sus
negocios. De ese estado de cosas se
aprovecha tanto políticos de izquierda como de derecha. Pasan sus “condenas” en
escuelas de caballería o brigadas militares en unas condiciones que envidiaría
el común de los ciudadanos en Colombia.
Un par de ejemplos: García, el
viceministro que “actúo solo” y contraviniendo los principios de su presidente
le adjudicó el contrato a Odebrecht y sus socios de la Ruta del Sol II y
recibió a cambio 6,5 millones de dólares está próximo a redimir su pesada
condena que será de menos de tres años efectivos de prisión. El Director de
Invias del mismos Gobierno que salió de su cargo destituido por el actual embajador
ante la OEA por alterar documentos,y se convirtió en contratista y enlace de
Odebrecht, jamás fue procesado y por el contrario es un cuadro de su movimiento
político.
De esos pozos vienen
personajes de la catadura de NHM, apoderado de sobornadores de jueces por la
mañana, super ministro con participación en instancias que definen contratación
por las tardes y fiscal luego de “concurso público de méritos”. El problema del
país, las facultades de derechos y los abogados es rediseñar el sistema
judicial con la finalidad que las diferencias se tramiten en los juzgados y no
en las sombras al estilo Mattos.
Esa discusión que debería ser
central en la actualidad no tiene cabida porque el caudillo del siglo XXI que tiene un presidente que realiza funciones
protocolarias tiene como propósito que sigamos discutiendo lo mismo que hace
veinte años con la finalidad de no explicar ninguna de sus oscuras actuaciones,
atribuyendo cualquier solicitud de explicaciones a una conjura política en su
contra.
Nota al margen: Mucho se habla
de la traición de Santos a la “doctrina uribista” pero a 30 años de la muerte de Luis Carlos
Galán nadie parece recordar que el enterrador del ideario galanista fue el
personaje que su hijo nombró como su sucesor en sus exequias. Después de llegar
al poder por la sombra de Galán que aparecía hasta en los afiches de su
campaña, César Gaviria implantó un modelo económico y unas políticas propias
ajenas a la de Galán, además negoció con los mafiosos su entrega a la justicia
y después acordó con peligrosos delincuentes su indemnidad para ayudar al
Estado a terminar con Escobar. Realizó alianzas con Santofimio en el Congreso a
pesar de sus conocidos antecedentes para esas fechas. Galán fue asesinado el 18
de agosto y sus ideas desaparecieron a los dos días cuando sus banderas fueron
entregadas al actual director del partido liberal.
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