Néstor Humberto y el traje nuevo del emperador.

Parecía imposible elegir un fiscal peor que los anteriores. Del fiscal que mantenía abierta su oficina a nombre de un tercero al fiscal que firmaba lo que sus subalternos elaboraban porque no entendía nada de derecho penal al fiscal obsesionado con las cirugías estéticas y las fiestas con amigos a la fiscal que al momento de su elección luchaba a dentelladas por una pensión por invalidez alegando una pérdida  de capacidad laboral superior al 50% al fiscal que regaló contratos millonarios y jamás investigó a sus clientes que planearon y ejecutaron el mayor robo a las arcas de la salud en la historia de Colombia.

Pero, con mucho esfuerzo y dedicación, lo hemos logrado. Ha sido elegido fiscal general de la nación un exfuncionario de los gobiernos de Samper, Pastrana y Santos que hace doce meses, en su calidad de superministro del gabinete impulsó modificaciones a un proyecto de reforma constitucional que favorecían a quienes un año más tarde lo elegirían como fiscal. De las historias asquerosas y putrefactas  que estamos acostumbrados a escuchar y conocer los colombianos, la elección de este fiscal general es una pieza de colección. Si un día nos miramos al espejo y queremos ver la clase de país que somos, solo tenemos que ver como tramitó su postulación y elección como fiscal general Néstor Humberto Martínez. Todos fuimos testigos de la manera como utilizó un cargo pagado con recursos públicos para impulsar su aspiración. Todos fuimos testigos del amañado concurso público que el tal presidente Santos hizo para seleccionar entre las mejores hojas de vida los nombres que acompañarían la terna para seleccionar al fiscal que había “ganado” su cargo desde mediados de 2015. Y el triste papel de nuestro máximo tribunal de la justicia ordinaria en esta elección sirve para demostrar el estado actual de la administración de justicia en Colombia. Se demoraron más de 100 días para “estudiar” las propuestas y hojas de vida de los tres aspirantes al cargo cuando el fiscal había sido elegido desde 2015. El sainete no pudo salir peor. Un fiscal encargado tratando de hacer en tres meses lo que su jefe no hizo en cuatro años y una Corte que se tomaba recesos de quince días para continuar una votación “cumpliendo” de manera estricta su reglamento. Pobre el país en que un tribunal se demora cuatro meses para seleccionar una persona de una terna. ¿Cómo será con los procesos que debe fallar? Por esos se cuentan por años la resolución de los recursos de casación que se resuelven en estricto derecho en Macondo.

Como si lo anterior no hubiera sido de público conocimiento, el diario El Tiempo de propiedad del principal cliente del nuevo fiscal presionó durante semanas su elección y celebró rabiosamente la misma, indicando que había llegado el gerente que le faltaba a la fiscalía. El nuevo fiscal quien durante el año que demoró su elección adelantó labores como litigante, representando en este lapso a clientes como los ingenios azucareros que impugnaban sanciones impuestas por sus excompañeros de gobierno hace declaraciones como si el proceso que lo llevo a ese cargo hubiera estado enmarcado por la transparencia y la rectitud. Y los medios le hacen el juego. El nuevo fiscal, como el emperador del cuento de Andersen está desnudo pero nadie se atreve a decírselo. Martínez no tiene autoridad moral para investigar ni solicitar la condena de nadie porque su proceso de postulación y elección está empañado por el favorecimiento, las influencias y contraviene la moralidad pública. Lo único que se respetó en su elección fueron las formas.  Pero, en contra de lo evidente, todos felicitan al emperador por su nuevo traje y al fiscal por su justa elección.

Eso debía generar una reflexión pública pero el silencio y el aplauso interesado acallan cualquier propuesta de debate. Mientras tanto, José Obdulio Gaviria propondrá al Senado que se declare la nulidad del proceso al magistrado Pretelt. Embarrando el proceso de esta manera, el ilustre senador logrará dar el aire que le falta a Pretelt con la finalidad que termine su periodo en la Corte Constitucional y regrese a regentar sus “cátedras” en la  academia. Con el Primo de Pablo Escobar y un exministro de Samper administrando justicia Colombia continúa consolidándose como una tierra fértil para la  impunidad.

Impunidad y proceso de paz.

Las imágenes del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno en el centro de la ciudad en saco y corbata con un sobre en la mano sin señal alguna de ser un delincuente condenado a 18 años de cárcel sorprendieron hace algunas semanas en las redes sociales. Horas después de la divulgación del video, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- expedía un comunicado en el cual informaba que el "doctor" Moreno se encontraba atendiendo requerimientos judiciales y por ello había sido trasladad a ese sector de la ciudad.  En cuestión de meses el exalcalde estará pagando su condena en su casa debido a alguna enfermedad a la cual el Inpec no pueda dar tratamiento. Por cuenta de la obesidad y la depresión un juez de ejecución de penas acaba de darle la casa por cárcel a Miguel Nule. Su hermano  Guido ya tenia este beneficio, el cual disfruta a pocas cuadras de Silvia Guette en un exclusivo sector de la ciudad de Barranquilla.  En Medellín, Rodrigo Jaramillo pagar su condena por los delitos cometidos en Interbolsa desde la incomodidad de su casa. Entretanto, los confidenciales de la Revista Semana informan periódicamente lo satisfecho que se encuentra en la prisión Victor Maldonado, quien luego de hacer periódicamente ejercicio en el gimnasio del penal asiste a alguna de las tres cocinas que existen el área BIP (bandidos importantes peligrosos) de la cárcel La Picota. Una de estas cocinas, distinguida por su excelencia gastronómica es manejada por el exsenador Alvaro García, condenado a 40 años de cárcel como autor intelectual de la masacre de Macapeyo en el departamento de Bolívar donde fueron asesinados 15 campesinos y 200 familias fueron desplazadas. La función de resocialización de la pena funciona de una manera fascinante en el sistema pena colombiano.  Estos días el confeso narcotraficante Marco Antonio Gil, alias " el papero" que lavó activos en cifra superior a los 300.000 millones de pesos obtuvo su libertad luego de tres años privado de su  libertad, de los cuales, la mitad los pasó en su humilde hogar.

 

Y lo anterior ocurre cuando nuestro sistema judicial actúa con toda severidad.  Existen casos más aberrantes como el de la cúpula de Saludcoop que luego de protagonizar el mayor escándalo de corrupción de la historia del país por las defraudaciones al sistema de salud no será llamada a responder por sus actuaciones. Su abogado, quien durante cuatro años envileció aun más -parecía imposible hacerlo-la Fiscalía General de la Nación no encontró ningún merito para acusarlos ante un juez por delito alguno.  En vista de eso, el Presidente Santos convocó un concurso público para elegir la terna que  presentaría a la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal General. 155 ciudadanos presentaron su hoja de vida para el juicioso análisis del Presidente y éste eligió los mismos 3 candidatos que tenía en mente desde hace varios meses. Ahora, la Corte Suprema de manera expedita, al mejor ejemplo de nuestra justicia lleva un mes resolviendo los impedimentos de sus miembros, esperando la entrega de un informe del fiscal encargado y programando una audiencia en que los 3 aspirantes expongan los planes de trabajo del ente acusador para la etapa del postcoflicto. (El candidato más opcionado de la terna, quien lleva más de un año en campaña por todas las cañerías institucionales de la república tiene más impedimentos que conocimientos en derecho penal. Los Palacinos de los diferentes sectores de la economía que son clientes de nuestro futuro fiscal respiran aliviados.) La elección que debía realizarse en un par de sesiones de la Corte lleva más de un mes con tendencia a demorarse mientras los magistrados de la Corte Suprema "analizan" las hojas de vida y propuestas de los candidatos. Da risa solo de escribirlo.

 

Uno de los argumentos principales para oponerse al proceso de paz con las farc es la impunidad. La falta de comparecencia de los  lideres de las farc a los tribunales para responder por sus crímenes es considerada inadmisible por algunos sectores. Compartiría esa posición si en Colombia existiera un sistema judicial ágil, respetable y confiable. Por el contrario, la impunidad es nuestra regla y cuando algún hampón de alto turmequé es procesado y condenado termina pasando sus días en la cárcel con mayor comodidad que cuando estaba en libertad. Solo aquí masacradores termina de admirados chefs o estafadores pagan sus penan en sus casas rodeados de lujos y sin responder a sus victimas. ¿Queremos procesar a los sexagenarios lideres guerrilleros para que acaben sus días en "departamentos" por cárcel o de sous chef de otros delincuentes?  ¿Estamos perdiendo algún valor fundamental en la sociedad por no llevar a juicio a unos tipos a los que todos consideramos culpables?  Si el costo de la desmovilización de las farc es que sus jefes no sean judicializados, bienvenido. Tan lamentable es el final de unas guerrillas de más de medio siglo de existencia que su única pretensión real es que sus líderes no terminen presos. La batalla la perdieron las farc por su arrogancia y cinismo hace muchos años. A nadie importan sus ideas ni mucho menos sus propuestas. Este final se da por cansancio de la sociedad pero no por convencimiento de las pureza de su alzamiento en armas de los sesenta. En un país sin justicia , fundamentar en la falta de ella la oposición para no firmar un tratado de paz es un delito de lesa humanidad.

Los autogoles del presidente Santos.

En septiembre de 2015 el presidente Santos y Timochenko se reunieron en Cuba a instancias del dictador a quien irónicamente llaman presidente para tomarse fotografías vestidos de blanco e indicar que la fecha de finalización del proceso de negociación entre el gobierno colombiano y las farc sería el 23 de marzo de 2016. Nadie  había solicitado el establecimiento de fechas límites para finalizar el dilatado diálogo que se adelanta en La Habana, por lo cual  críticos y adeptos del proceso recibieron  de buena manera la noticia el anuncio del plazo final de los diálogos.  Sin embargo, en la medida en que fueron pasando los días el propio gobierno fue recogiendo sus pasos y anunciando que no se sometería a plazos fatales. El Gobierno que se inventó el plazo informaba que no se sometería al mismo. En la actualidad, las conversaciones continúan sin ninguna clase de afán entre las partes. Al contrario, los jefes guerrilleros se dejan fotografiar en cuanto evento social ocurre en la isla pareciendo estar más preocupados por el próximo concierto en la isla  que por la terminación del proceso de paz. Mientras tanto, en Colombia los sectores políticos y académicos se preparan para el banquete que se avecina: el postconflicto. No existe organización que no se encuentre dedicada a construir proyectos para esta “nueva etapa” de la vida nacional. Se preparan redacciones de memorias, cursos de derechos humanos, capítulos de memoria histórica, testimonios de víctimas, talleres de emprendimiento. No se ha firmado el acuerdo final y los congresistas están muy preocupados por la manera en que los recursos van a repartirse. Los próximos años estarán llenos de contratos de objetos vacíos entregados a ongs “especializadas” en postconflicto. Esa es la mermelada que se entregara a cambio del apoyo al proceso de paz.

Son tan bajos los índices de apoyo al proceso que cada día se escucha menos el tema de la refrendación popular de los acuerdos. El gobierno decidió que sería el pueblo quién daría la última palabra sobre lo acordado en la mesa de negociación. Al ver que la participación podía ser un problema no tuvo inconveniente en modificar la ley de participación ciudadana y bajar a la mitad el umbral de votos requeridos para aprobar un referendo. Ahora que las encuestas no lo favorecen no le queda otra salida que “esperar” que un fallo de la Corte Constitucional lo salve del problema indicando que por ser la paz un derecho fundamental no es viable someter su cumplimiento a un mecanismo de participación ciudadana.

Fiel a su costumbre de enredarse solo, el presidente de la república que por mandato constitucional debe entregar una terna para la elección del fiscal general resolvió intempestivamente “organizar” un concurso de méritos para que “todos los colombianos” que reunieran los requisitos para ser fiscal presentaran su hoja de vida con la finalidad de escoger los mejores para ser presentados a la Corte Suprema de Justicia. Más de un centenar de ingenuos, al mismo tiempo que los cuatro que antaño se conocía conformarían la terna presentaron sus documentos en la presidencia de la república para tal efecto. Luego de descartar más de 150 hojas de vida presentadas, quedan 16 candidatos entre los cuales están los nombres que desde el principio se conocía que integrarían la terna. En los próximos días culminara el proceso con la integración de la terna por los nombres que hace varios meses manejan los medios como seguros integrantes de la misma. ¿Había necesidad de este reality donde ya se conocían los finalistas? Santos parece asesorado por sus enemigos en estos temas.

Un plazo que no se cumple, un referendo inviable políticamente y un falso concurso para elegir candidatos a la terna para elegir fiscal son los últimos autogoles de un presidente que luego de seis años en el poder está pasando de ser admirado por su pragmatismo a temido por su vacilación.

Uribe, Lula y la revolución silenciosa.

Finalizando el 2010 terminaba su segundo periodo como Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva con una popularidad superior al 80% fruto de los resultados económicos y sociales de su gobierno. Lula logro imponer a su sucesora en el cargo Dilma Rousseff del partido de los trabajadores. El humilde obrero metalúrgico con ideas de izquierda que había logrado convertir al gigante de Suramérica en una potencia mundial se convirtió en un referente obligado de la política suramericana. En agosto del mismo año, terminaba sus dos periodos en la presidencia de Colombia, Alvaro Uribe Velez quien gracias a su política de seguridad democrática consiguió cambiar la inercia del conflicto armado con las farc -amenaza terrorista, en sus palabras-, además de lograr buenos resultados económicos durante su periodo gracias  a su política de confianza inversionista que atrajo capitales extranjeros, especialmente en el área de los hidrocarburos donde se presentó un importante aumento de solicitudes de exploración y explotación  por parte de multinacionales extranjeras. La elección de su sucesor recayó en su Ministro de Defensa, quien recibió su guiño y se comprometió a continuar la tarea del salvador de un Estado inviable. La escena del presidente saliente en la ceremonia de la posesión presidencial lo decía todo. Uribe entregaba el poder únicamente porque la Corte Constitucional impidió el grotesco referendo que pretendía reformar nuevamente la Constitución para establecer la reelección indefinida. Santos debía recordar quien lo había hecho presidente.

Tanto Lula como Uribe, al igual que la mayoría de los presidentes latinoamericanos de la primera década  del siglo XXI, contaron con la fortuna de los elevados precios de los commodities, situación que impacto de manera favorable en la economía  de los países latinoamericanos. Los gobiernos de cada país crearon relatos en los cuales las buenas nuevas económicas eran consecuencia de las políticas y decisiones de  líderes que estaban cambiando la historia. El  repentino exceso de ingresos permitió a los gobiernos crear todo tipo de subsidios y fomentar toda clase de clientelas. Mientras repartían boronas entre la población, las empresas públicas incrementaban sus presupuestos y se dedicaban a gastar sus recursos con el derroche como principal meta. En las épocas de vacas gordas, nadie pregunta por nóminas paralelas ni mucho menos por el costo de los contratos.  Los nuevos ricos gastaron como quisieron sus fortunas y solo la llegada de las vacas flacas permitió conocer el monto de sus extravagancias. En Brasil, los contratistas de Petrobas  se convirtieron en los mayores financiadores de políticos locales, a los cuales entregaban millonarias coimas por los contratos obtenidos de la petrolera estatal. En Colombia, hubo una verdadera feria de títulos mineros, además de registrarse que los Ministros y funcionarios de alto nivel del ejecutivo pasaron a engrosar las nóminas de empresas mineras y petroleras al finalizar sus gestiones públicas.

Lula y Uribe parecían dos figuras intocables, consideradas por algunos como los personajes más importantes de la historia republicana de sus países. No obstante lo anterior, las investigaciones por los excesos en Petrobras en Brasil  y las actuaciones de diferentes miembros de ejecutivo en Colombia comenzaron a erosionar la impoluta imagen de ambos expresidentes. Altos funcionarios enjuiciados, ministros condenados y dudas sobre el crecimiento patrimonial de  cercanas personas a ambos líderes comenzaron a ser noticias diarias. Ambos presidentes sacan pecho por los resultados positivos en sus periodos pero esconden el rostro cuando deben responder por las acusaciones contra los funcionarios de sus gobiernos. Los mensajes de Lula y Uribe sobre las acusaciones de corrupción en sus gobiernos podrían confundirse debido a que tienen el mismo denominador. Son ataques infundados de sus opositores que aliados con el poder judicial quieren arruinar su “legado”. Las imágenes del allanamiento a la residencia de Lula y la detención de Santiago Uribe Velez son el capítulo más reciente de esta historia. Nadie hubiera podido  predecir hace seis años que los presidentes más populares de Colombia y Brasil y su círculo más cercano terminarían tras las rejas o en procesos judiciales respondiendo por sus actos.  En Venezuela robaron tanto que de la mayor bonanza de su historia solo quedan los videos de las excentricidades del comandante del humo, en Bolivia las revelaciones sobre las andanzas de Evo y su excompañera le costaron la derrota en el referendo que pretendía modificar la Constitución para establecer una reelección perpetua. En Argentina, la expresidente Cristina Fernández ha sido citada a declarar el próximo mes de abril.

Muchas veces, pensamos que en nuestros países no pasa nada. Que la justicia es solo para los de ruana. Que hay personas intocables que no responden por sus actos. Todo eso es cierto. Pero también debe decirse que nunca se había logrado que al mismo tiempo en diferentes países se exigieran responsabilidades por vía judicial a los dueños del poder. Con todas las limitaciones que se quiera, eso está ocurriendo. Aquí y ahora. No permitamos que nos metan en insulsas peleas políticas sobre las causas de los procesamientos. La  verdadera revolución es que los poderosos y su círculo respondan ante los jueces por sus actos. En Colombia no ha pasado en 200 años pero nadie pensaba hace seis que buena parte del gabinete de Uribe  estaría hoy condenada por tradiciones de nuestra cosecha como el peculado y la concusión. Algo debe estar pasando para que esto hubiera ocurrido en el periodo del más nefasto fiscal que recuerde la historia del país. 

Reficar: Un escándalo sin culpables.

En Octubre de 2015 el presidente Santos se disfrazó de operario y puso en marcha la unidad de crudo de la renovada refinería de Cartagena. En su orgulloso discurso indicó que debido a las obras realizadas esta refinería era no sólo la más moderna de América Latina sino del mundo. El estilo de Santos ha sido siempre referirse a las cosas que pasan en su gobierno como hechos que no pueden equipararse con ninguno anterior y marcan momentos en la historia universal. (“la menor inflación en veinte años, la menor tasa de desempleo, la resolución más apoyada en la historia de la ONU, etc)

El modesto presidente de Ecopetrol comentaba por los medios de comunicación por esas mismas fechas las bondades de una obra que solo había costado 8.000 millones de dólares. La moderna refinería sale a operación con el precio del barril de petróleo a la baja pero eso no tiene ningún inconveniente debido a que en Colombia la gasolina se paga como si el barril todavía estuviera costando 100 dolares.

A menos de cuatro meses de la publicitada inauguración de la obra “más importante de la historia del país” se conocen los sobrecostos de la misma que superan el valor de venta de Isagen. A partir de ese momento, todos lo que se fotografiaron en la inauguración de la refinería comenzaron a declarar ante los medios de comunicación que de existir dichos sobrecostos, todos era consecuencia de las malas decisiones adoptadas en el gobierno anterior cuando iniciaron las obras y que en los cinco de los seis años en que el actual gobierno manejo el proceso lo que se hizo fue adoptar medidas correctivas. Las imágenes de los Ministros de Hacienda y Minas con el presidente de Ecopetrol,-quien previo a la rueda de prensa había recibido la ceniza más grande y perfecta que se recuerde al inicio de una cuaresma- indicando siete años después de los hechos que el contratista que desarrollo el proyecto estuvo mal seleccionado y que se encuentran prestos a reclamar los sobrecostos daban una mezcla de risa y tristeza. El Ministro de Hacienda, experto en conciliaciones ruinosas para el Estado  es quien comandara las negociaciones para lograr un acuerdo con los contratistas que estuvieron de fiesta un lustro construyendo la refinería más moderna del mundo. Suerte a los asesores jurídicos de Cárdenas, quienes responderán por cualquier exabrupto en una conciliación, pues el Ministro las firma pero no responde por ellas.  El Secretario General y el Director Jurídico del Ministerio de Transporte de 1999 pueden dar un testimonio del  estilo Cárdenas para responder por sus actuaciones.

El abogado de Saludcoop y futuro embajador en Alemania se acordó esta semana del escándalo de Reficar y envió unos fiscales a solicitar documentos y revisar computadores en Cartagena. El  contratante de Natalia Springer aplicara en los últimos días de su gestión para este caso la misma energía que utilizó para el esclarecimiento de los hechos del mayor fraude a la salud de la historia de Colombia. Hay tantos involucrados en la cadena alimenticia de este negociado que los únicos que peligran son quienes no tengan influencia en altos niveles. Por ello, contratistas intermedios serán quienes verán la lupa de la fiscalía y los entes de control. Los gringos, avisados con anterioridad de lo que iba a ocurrir desarmaron su operación en Colombia y solo dejaron el cascarón.  En honor al estilo Santos, un cercano asesor legal de Reficar podría integrar la terna para la próxima elección de fiscal y de esta manera darle un entierro de quinta  a las investigaciones de este escándalo. Las acciones del fiscal que termina su periodo próximamente se convierten en un precedente para este tipo de acciones.

La agitada agenda nacional desplazar este tema en pocas semanas o días. El resto del año se irá entre la finalización de los acuerdos con las farc y Julito entrevistando gurus internacionales que opinen sobre la nominación del presidente y Timochenko para el premio nobel de paz. Con la vieja estrategia de la distracción, mientras todo el país discutía sobre el proceso de paz, se pagaba la construcción de la refinería de Cartagena sin mirar las cuentas de la misma. Nada diferente puede esperarse de un gobernante que gasta millones en almendras y cortinas. Hace años que el principal problema del país no es la guerrilla sino la corrupción pero nadie parece darse cuenta. 

20 años del día en que no renunció Samper.

El 22 de enero de 1996 el exministro de Defensa Fernando Botero Zea concedió una entrevista a Yamid Amat en la cual manifestó que el presidente Ernesto Samper conocía del ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña electoral que le permitió llegar a la presidencia de la república. Esa misma noche, el presidente en un comunicado antes de medianoche indicaba que Botero “mentía para salvarse” y reiteraba el guion de su inocencia. Yo comenzaba tercer año de Derecho en la Universidad Javeriana y esa semana se realizaron algunas marchas estudiantiles que pedían la renuncia de Samper. Habiendo heredado el sectarismo liberal de mi abuelo materno era un activo samperista que defendía al presidente que luchaba por los más pobres y era víctima de una conspiración de derecha que pretendía sacarlo a sombrerazos del poder. En víspera de cumplir 40 años siento que uno de los desaciertos más grandes que he tenido fue apoyar al elefante que aplastó la poca decencia que quedaba en Colombia.  Samper hizo algo peor que privatizar a bajo precio bienes públicos. Los entregó a delincuentes con la finalidad que los tomarán como pago por su docilidad al Gobierno. Al esposo de su defensora y copartidaria Martha Catalina Daniels le entregó Foncolpuertos que terminó siendo uno de los peores escándalos de corrupción de la historia. Al primo de su investigador Heyne Mogollón le entregó Caprecom para que lo desguazara a su gusto. La preclusión de la investigación del Presidente Samper costó cien veces más que la reelección del presidente Uribe. Con una diferencia: Ninguno de los determinadores de este asalto al patrimonio del Estado terminó preso. Por el contrario, siguen hoy más vigentes que nunca en la actividad pública. Incluso se han llenado los cargos públicos de sus hijos, cónyuges y hermanos. Y la peor de todas las consecuencias de la crisis de la financiación de la campaña de Samper por el Cartel de Cali fue la instauración del principio de la irresponsabilidad política. Cobijados por el derecho a la presunción de inocencia nadie renuncia ni responde por sus actuaciones. Los tres lamentables ejemplos de la actualidad con el Director de la Policía, el Defensor del Pueblo y un magistrado de la Corte Constitucional hablan por sí solos. Todos aspiran a ejercer sus cargos hasta el último segundo del último minuto de la última hora del último día sin importar que a su paso arrastren a las instituciones que representan al descrédito total.

Veinte años después de la declaración de Botero, los protagonistas del escándalo del 8.000 lejos de haberse retirado de la actividad pública son hoy influyentes personajes de diferentes esferas de la vida nacional. Serpa quien juró el retiro de las actividades públicas en 2002 cuando perdió con Uribe es hoy el líder del partido liberal en el Congreso y con autoridad pide renuncias. Cristo después de ser funcionario de palacio y embajador en Grecia se convirtió en Senador y desde 2014 es el Ministro del Interior de Santos. Botero Zea vive en Mexico y desde allí intermedia en la venta de cuadros de su papá a personas tan importantes como el presidente Santos. Néstor Humberto Martínez se convirtió en el abogado de confianza del comprador del Banco Popular en épocas de Samper y dependiendo de los intereses del momento navega entre el sector público y privado sin temor a inhabilidad e incompatibilidad alguna.

La gran enseñanza del cuatrienio de Samper para quienes ejercen funciones públicas es que su permanencia en el cargo debe prevalecer por encima de los intereses nacionales. Y así nos fue. Hoy nos “gobiernan” ministros que firmaron conciliaciones ruinosas y culparon a terceros. Otros laboran para el gobierno mientras sus cónyuges se benefician de millonarios contratos sin que se genere rubor alguno. La Corte Constitucional se desprestigió tanto o más que los demás tribunales donde hoy sus magistrados pelean como pandilleros por cargos y honores. La Defensoría del Pueblo que desapareció con Volmar Pérez volvió a ser conocida por los ciudadanos por las costumbres de su impresentable jefe. Y el Director de la Policía Nacional se mantiene en su cargo a pesar de las denuncias que semanalmente comprometen sus actuaciones pasadas y presentes. El presidente de hace veinte años se ha reencauchado dirigiendo un organismo internacional promovido por los demócratas Chávez, Kirchner, Correa y Morales. Y es aplaudido y “respetado” en auditorios que desconocen su pasado. Veinte años después, Samper les ganó a todos. A la justicia que nunca pudo procesarlo. A sus contradictores que no lograron hacerlo desaparecer de la actividad pública. A sus conciudadanos, a los cuales burló. Y gano, porque su manera de hacer política se difundió en toda Colombia. Con sus actuaciones previas a llegar a la presidencia y en ejercicio de la misma contestó al maestro Echandía la pregunta de ¿el poder para qué? Sus discípulos aventajados como Samuel Moreno Rojas, nieto del dictador, han dado la respuesta. La salvación del presidente hace 20 años significó la bancarrota moral de Colombia. Lo que estamos presenciado hoy con los venales funcionarios públicos que se niegan a renunciar es apenas una de las herencias dejadas por el triunfador del 8.000.

Plazas Vega y la justificación de lo injustificable.

Hace algunos días en Bogotá un ciudadano fue asaltado por dos delincuentes que después de amenazarlo, le hurtaron una importante suma de dinero y huyeron en una moto. El ciudadano encendió su carro, persiguió a los hampones, les pasó el carro por encima, matando a uno e hiriendo al otro. La Fiscalía General de la Nación le imputara al conductor asaltado los cargos de homicidio y lesiones personales. Hartos de la inseguridad, muchos ciudadanos han expresado su solidaridad con las acciones del conductor homicida y han mostrado su inconformidad con la acusación que le realizara ante los jueces la fiscalía. Ante la ausencia de un Estado que castigue a los delincuentes, estos comportamientos deberían ser aplaudidos e incentivados. Al fin de al cabo, los ladrones se lo “buscaron”. Con la misma lógica los paramilitares llenaron de horror el país. La anterior noticia se originó de manera concomitante con la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que casó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que había condenado al Coronel Plazas Vega por la desaparición del administrador de la cafetería del palacio de justicia y concedió la libertad al citado oficial. Las primeras declaraciones del oficial al recibir su libertad son las mismas que ha repetido él y sus defensores mediáticos tipo Londoño Hoyos, en los últimos años. La responsabilidad por los hechos ocurridos hace 30 años recae exclusivamente en el M-19, grupo que a sangre y fuego ingresó a la edificación y secuestro a los Magistrados del tribunal más importante del país. Ellos deben responder por todo cuanto ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 pues las fuerzas militares estaban cumpliendo sus funciones constitucionales.  Los civiles que fueron desaparecidos y asesinados son apenas un daño colateral de la defensa de la democracia. Además, lo que originó su muerte, luego de salir con vida del palacio de justicia y  ser torturados fue la sospecha de pertenecer a la guerrilla que había ejecutado la esquizofrénica operación de toma del palacio de justicia.  Todo el que perteneciera a esa organización en ese momento podía ser ejecutado  y/o desaparecido por las fuerzas del Estado por el solo hecho de pertenecer a la misma. Cuando ingresaron a la casa del florero y fueron divididos en buenos y malos, a los ciudadanos que tuvieron el infortunio de ser etiquetados como integrantes del segundo grupo sus derechos les fueron cercenados. El asunto no pasa por el resultado del proceso de Plazas Vega, quien obtiene su libertad en medio de los avances de los diálogos de paz con las farc, en un momento de excepcional conveniencia política de un fallo como estos, indicando que si los comandantes guerrilleros no pagaran cárcel, tampoco deben hacerlo los oficiales de las fuerzas militares.

El tema de fondo es la manera como se ha construido una dialéctica de justificación de la eliminación del otro.  Las etiquetas de guerrillero o ladrón permiten que los particulares o los servidores públicos tomen la justicia por su mano ante el aplauso general del restable público. Quienes dirigieron las operaciones del palacio de justicia fueron alumnos aventajados  del Estatuto de Seguridad de Turbay que enterraron el movimiento estudiantil de los setenta. Nunca fueron juzgados y sus crímenes permanecen impunes. Veinte años después de los hechos del palacio de justicia y ante la noticia de asesinatos de jóvenes humildes, el presidente de turno contestaba que los muertos  no estarían en las zonas donde fueron encontrados “recogiendo café”.  Años después se conocería de la tenebrosa práctica denominada como los falsos positivos, donde se capturaban jóvenes inocentes, se disfrazaban de guerrilleros y se les asesinaba con la finalidad de demostrar resultados operacionales en la lucha contra la subversión.

El M-19 es el principal culpable de los hechos del palacio de justicia. Nadie tiene duda de ello. El derecho de los familiares de las víctimas y la sociedad en general es conocer que ocurrió con las personas que salieron vivas del palacio y fueron asesinadas o jamás volvieron a aparecer. Desde que salieron de la edificación del palacio de justicia, la custodia y cuidado  de estas personas fue responsabilidad del Estado. Echarle la culpa a los bandidos que se tomaron la edificación que a esas horas se encontraban muertos o viviendo sus últimas horas dentro del edificio es un insulto a la inteligencia y un canto a la impunidad.

La eliminación de las causales que justifican la eliminación del otro es la primera terea en la construcción del nuevo país que supuestamente emergerá después del proceso de paz. Es claro que la paz va mucho más allá de la desmovilización de un grupo sin apoyo popular que en su equivocado accionar permitió que nos acostumbramos a justificar lo injustificable.