Cuando el juez de conocimiento del proceso seguido contra Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares al final de cada audiencia pide autorización a Jaime Granados, abogado suplente de una de las acusadas para fijar la siguiente fecha de audiencia con la finalidad que la misma no interrumpa las actividades del abogado, comienza uno a preguntarse quién maneja el proceso. Cuando se observa que los políticos capturados por diversos delitos reciben como lugar de reclusión su domicilio, escuelas del ejército o la policía donde no tienen régimen disciplinario alguno y los hermanos Nule viven en un cómodo apartaestudio con cocinero particular negándose a asistir a diligencias judiciales a su antojo, se acentúan más las inquietudes sobre la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La sola llegada de cualquiera de estos procesados a la audiencia donde se les juzga haría presumir a cualquier desinformado que se encuentran en cualquier situación menos detenidos: De saco y corbata o vestido, nunca esposados y hablando por teléfono.
La extradición en abril pasado del estudiante de la Universidad del Rosario Oscar Guillermo Sierra Fierro de 21 años por ser presuntamente socio del Loco Barrera autorizada por la Corte Suprema de Justicia a pesar de las comunicaciones enviadas por sus compañeros donde daban fe de sus calidades personales, aunadas a las débiles pruebas presentadas por la fiscalía americana que noventa días después de su llegada a Estados Unidos no ha podido llamarlo a ser parte de proceso alguno contrastan con la negativa de la misma Corte hace menos de tres años en extraditar a Daniel Angel Rueda, directivo de DMG, la mayor estafa colectiva que recuerde la historia de Colombia, por considerar que al haber suscrito un preacuerdo con la fiscalía por el delito de lavado de activos, no era posible que fuera juzgado en el exterior por la misma causa. A los demás miembros de la cúpula de dicha empresa criminal, conocidos en esferas sociales menos importantes no los cobijó la misma interpretación y todos fueron extraditados. Angel fue condenado a 53 meses, de los cuales no alcanzó a estar privado de la libertad 30 debido a que por su trabajo como aseador de la cárcel redimió algunos meses de su condena. Hace algún tiempo disfruta de su libertad mientras Guillermo Sierra espera la primera visita de un delegado de la Cancillería colombiana. Afortunadamente, el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos es el doctor Carlos Urrutía Valenzuela, amigo personal del presidente y socio de Brigard&Urrutía, quién seguramente tendrá entre sus prioridades ayudar a éste compatriota en dificultades legales.
En un proceso común el juez no pide permiso al abogado para fijar el horario de las audiencias, los procesados no eligen su lugar de reclusión y los estafadores de miles de personas no pagan dos años de cárcel. La comprobada existencia de tratamiento especial a ciertos ciudadanos por su posición política o su condición social revela un sello de la sociedad, la inequidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario