Desde que Ernesto Samper
lleva a juicio a periodistas por la vulneración de su honra es posible que todo
pase en el sistema legal colombiano. ¿Cuántos procesos por injuria y calumnia
llegan a juicio? Son tan pocos y precisamente el iniciado por quien llegó al
poder gracias a los aportes del narcotráfico es uno de ellos. Aunque Claudia
López fue absuelta de las acusaciones de
la Fiscalía, siempre quedara el recuerdo
de un proceso absurdo promovido por quien casi dos décadas después de los
hechos sigue sin reconocer su responsabilidad y vende la teoría según la cual
Fernando Botero y Santiago Medina ingresaron a su campaña con el único fin de
enriquecerse con la solicitud de aportes económicos a los narcotraficantes. La
otra explicación es peor, él recibía apoyo ilimitado de Bavaria, empresa
dedicada a la venta de bebidas embriagantes. En ambos casos su presidencia se
consiguió con el apoyo de los empresarios del vicio. La decisión de la Cámara
de Representantes de no acusar al Presidente ante el Senado debe ser respetada por todos los ciudadanos en un Estado
de Derecho y esa ha sido la patente de corso que exhibe Samper para seguir opinando
sobre todos los aspectos de la vida nacional. Así como existen campeones sin corona,
coexisten culpables sin sentencia.
Estas semanas han ocurrido
hechos que permiten confirmar el crecimiento y consolidación de la impunidad
selectiva en el país. Julio Gómez, permanece libre luego de una condena
irrisoria de cinco años de prisión por los delitos relacionados con la
contratación en Bogotá. Una exigua devolución de dinero puso a salvo su cadena
de empresas contratistas públicas de propiedad de sus familiares. Emilio Tapia
y Alvaro Dávila, cómplices del carrusel de contratos en el Distrito se
convierten en testigos estrella y en el peor de los casos pagarán penas exiguas
y saldrán indemnes del saqueo realizado a Bogotá en el nefasto periodo de
Samuel Moreno, a su vez nieto e hijo de insignes custodios de los recursos
públicos que incrementaron su patrimonio sin castigo en las épocas de la
dictadura de su abuelo. Nunca fue más apropiado el refrán según el cual “ lo
que se hereda, no se hurta.” Finalizando con la actriz y reina Valerie
Domínguez quien solicitó subsidios del programa Agro Ingreso Seguro a su nombre
y luego de que fuera destapado el escándalo de irregularidades en dicho
programa optó por devolverlos indicando que había sido engañada por su novio y
la familia de éste. La familia beneficiada que obtuvo miles de millones al
dividir sus propiedades para tomar más recursos realizó un acuerdo con la
Fiscalía, declaró en contra de la peligrosa exreina, devolvió los dineros
recibidos y fue condenada a pocos meses de prisión, los cuales no deberán pasar
en ningún centro penitenciario. La actriz fue declarada inocente por el juez
con argumentos que rayan en lo insólito. Como colofón ni reina ni familia
fueron alcanzados por ninguna sanción, más allá de las carátulas de revistas
del corazón que narran el “drama” de
estos personajes de novelón criollo.
Como si lo anterior fuera poco,
la Ministra de Justicia presentara un proyecto de ley en el cual se pretende implantar la posibilidad de
purgar penas en todos lugares menos en centros penitenciarios. Hace algo más de
un año el Presidente Santos anunciaba el hallazgo del escándalo de corrupción
más grande de la historia en el campo de la salud, situación que tuvo como consecuencia
la intervención de Saludcoop. Pocos meses después ternaba para fiscal general
al abogado de ésta entidad quien es propietario de un inmueble en un conjunto
cercano a Villavicencio en compañía de funcionarios y contratistas de
Saludcoop, personajes tan distinguidos como el hijo del excontralor Turbay,
nieto del inolvidable luchador por la pulcritud de la república, Julio Cesar
Turbay Ayala. Después del anuncio presidencial, no existió la más mínima
investigación y pareciera que no ocurrió nada. De otra parte, uno de los
aspectos que se debatirán en los nuevos diálogos de paz es la extinción de penas
para los miembros de las farc. De esta manera, quienes cometieron delitos de
lesa humanidad no deberán siquiera disculparse con sus víctimas.
La lección es sencilla: El
delito paga. Una sociedad en que los delincuentes tienen la certeza de que no recibirán
castigo por sus delitos necesita mucho más que un proceso de diálogo para
vivir en paz.
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