miércoles, 3 de octubre de 2012

Participación ciudadana. De la teoría a la práctica.


La ampliación de mecanismos para la participación ciudadana y el fortalecimiento de los partidos políticos fueron dos banderas de la Constitución de 1991. Los textos que comentan asuntos constitucionales de Colombia describen con lujo de detalles la abundancia de formas en que los ciudadanos pueden participar en los asuntos del Estado. Sin embargo, el camino de la teoría a la práctica ha demostrado que todo quedo en deseos.
El actual presidente del Congreso ha sido militante del Partido Liberal, Cambio Radical y ahora del Partido de la U. Igual ocurre con varios parlamentarios que cada periodo modifican su filiación partidista. El último candidato liberal a la Presidencia fue Ministro de Defensa de  César Gaviria, apoyó a Andrés Pastrana en la Alianza por el Cambio, lideró la modificación a la Constitución para la reelección de Alvaro Uribe, rivalizó con Santos en las últimas elecciones presidenciales y es ahora Ministro de Trabajo. Los liberales terminaron convertidos en una minoría presidida por un delfín que apoya la reelección en la Procuraduría de un personaje que confunde la Iglesia con el Estado, acaso uno de los principios fundadores de esa organización política. El Partido Conservador nunca volvió a presentar candidato propio para elecciones presidenciales. Además del proceso de desmaterialización de los dos partidos históricos, se crean partidos cuya aspiración de permanencia histórica no supera un periodo legislativo. El pasado 30 de septiembre el Estado gastó no menos de 35.000 millones de pesos en unas inoportunas consultas internas de tres partidos políticos en las cuales participaron 500.000 ciudadanos y votaron por la integración de comités internos de MIRA, los delegados al Congreso Nacional del Polo Democrático y los delegados al Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Verde.  Las normas que regulan la materia han logrado destruir lo que existía y han promovido los partidos de oportunidad que tienen como única finalidad la próxima elección.
Con los mecanismos de participación ciudadana, la situación es parecida. El único referendo realizado (promovido por el Gobierno) no tuvo efectos en su gran mayoría de preguntas por no alcanzar el número mínimo de votantes. Sacar más de la cuarta parte del censo electoral a votar sin el apoyo de las maquinarias de siempre es una tarea casi imposible. Eso explica porque el Procurador Ordoñez propone que los temas del aborto sean sometidos a referendo. La revocatoria del mandato, promocionada como la figura que permitiría el control ciudadano sobre sus gobernantes ha sido un estruendoso fracaso. Se han realizado 37 revocatorios en diferentes municipios de Colombia y en ninguna de ellas se ha logrado reunir el 50% de los votos que participaron en la elección en la cual fue elegido el mandatario que se solicita revocar. La forma como  está diseñada la figura implica el gasto de dos campañas, una para revocar y otra para elegir al nuevo mandatario, situación que trae como consecuencia un costo económico demasiado alto para quienes está interesados en impulsar el uso de este mecanismo de participación ciudadana. El plebiscito no ha sido utilizado, mientras que la iniciativa popular no ha tenido mayor trascendencia. El Cabildo Abierto ha tenido algún desarrollo en los municipios y la Consulta Popular fue exitosa en el caso del Día sin carro en Bogotá realizada en 1997, anotando que coincidió con la fecha de votación de  elecciones de autoridades locales. En síntesis, las iniciativas que han provenido de grupos ciudadanos referidos a revocatorias e iniciativas populares no han tenido ningún éxito.  Sería el momento de repensar la normatividad que rige los mecanismos de participación ciudadana con la finalidad de darles la vitalidad de la cual han carecido después de más de dos décadas de la expedición de la Constitución.

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