La ampliación de mecanismos
para la participación ciudadana y el fortalecimiento de los partidos políticos fueron
dos banderas de la Constitución de 1991. Los textos que comentan asuntos
constitucionales de Colombia describen con lujo de detalles la abundancia de
formas en que los ciudadanos pueden participar en los asuntos del Estado. Sin
embargo, el camino de la teoría a la práctica ha demostrado que todo quedo en
deseos.
El actual presidente del
Congreso ha sido militante del Partido Liberal, Cambio Radical y ahora del
Partido de la U. Igual ocurre con varios parlamentarios que cada periodo modifican
su filiación partidista. El último candidato liberal a la Presidencia fue Ministro
de Defensa de César Gaviria, apoyó a
Andrés Pastrana en la Alianza por el Cambio, lideró la modificación a la
Constitución para la reelección de Alvaro Uribe, rivalizó con Santos en las
últimas elecciones presidenciales y es ahora Ministro de Trabajo. Los liberales
terminaron convertidos en una minoría presidida por un delfín que apoya la reelección
en la Procuraduría de un personaje que confunde la Iglesia con el Estado, acaso
uno de los principios fundadores de esa organización política. El Partido
Conservador nunca volvió a presentar candidato propio para elecciones
presidenciales. Además del proceso de desmaterialización de los dos partidos
históricos, se crean partidos cuya aspiración de permanencia histórica no supera
un periodo legislativo. El pasado 30 de septiembre el Estado gastó no menos de
35.000 millones de pesos en unas inoportunas consultas internas de tres
partidos políticos en las cuales participaron 500.000 ciudadanos y votaron por
la integración de comités internos de MIRA, los delegados al Congreso Nacional
del Polo Democrático y los delegados al Congreso Nacional de Jóvenes del Partido
Verde. Las normas que regulan la materia
han logrado destruir lo que existía y han promovido los partidos de oportunidad
que tienen como única finalidad la próxima elección.
Con los mecanismos de
participación ciudadana, la situación es parecida. El único referendo realizado
(promovido por el Gobierno) no tuvo efectos en su gran mayoría de preguntas por
no alcanzar el número mínimo de votantes. Sacar más de la cuarta parte del
censo electoral a votar sin el apoyo de las maquinarias de siempre es una tarea
casi imposible. Eso explica porque el Procurador Ordoñez propone que los temas
del aborto sean sometidos a referendo. La revocatoria del mandato, promocionada
como la figura que permitiría el control ciudadano sobre sus gobernantes ha
sido un estruendoso fracaso. Se han realizado 37 revocatorios en diferentes
municipios de Colombia y en ninguna de ellas se ha logrado reunir el 50% de los
votos que participaron en la elección en la cual fue elegido el mandatario que
se solicita revocar. La forma como está
diseñada la figura implica el gasto de dos campañas, una para revocar y otra
para elegir al nuevo mandatario, situación que trae como consecuencia un costo
económico demasiado alto para quienes está interesados en impulsar el uso de
este mecanismo de participación ciudadana. El plebiscito no ha sido utilizado,
mientras que la iniciativa popular no ha tenido mayor trascendencia. El Cabildo
Abierto ha tenido algún desarrollo en los municipios y la Consulta Popular fue
exitosa en el caso del Día sin carro en Bogotá realizada en 1997, anotando que
coincidió con la fecha de votación de elecciones de autoridades locales. En
síntesis, las iniciativas que han provenido de grupos ciudadanos referidos a
revocatorias e iniciativas populares no han tenido ningún éxito. Sería el momento de repensar la normatividad
que rige los mecanismos de participación ciudadana con la finalidad de darles
la vitalidad de la cual han carecido después de más de dos décadas de la
expedición de la Constitución.
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