El pasado 4 de junio se
cumplieron diez años de la aprobación por parte de la comisión primera de la Cámara
de Representantes de la reforma constitucional que permitió la reelección
presidencial en Colombia. La representante Yidis Medina de manera sorpresiva
apoyó la enmienda constitucional y el representante Teodolindo Avendaño se
ausento del recinto al momento de la votación, situación que permitió la
aprobación de la reforma. El cambio de criterio a última hora de ambos
congresistas fue determinante para la instauración de la reelección
presidencial. Cuatro años después, ante las cámaras de televisión Medina
admitiría haber recibido contraprestaciones de parte del gobierno por el cambio
del sentido de su voto, situación que
tendría como consecuencia la realización de un juicio y posterior condena por
el delito de cohecho. Tiempo después, al parlamentario Avendaño se le
comprobaría que el Gobierno a cambio de su ausencia en la votación de la reforma le entregó la posibilidad de designar un
Notario en la ciudad de Bogotá, en razón a lo cual, el parlamentario puso en
venta esa posición, como quien vende un carro recibido en dación de pago,
encontrando una persona que adquirió ese “derecho”y le pagó una cuantiosa suma de
dinero con la finalidad que el Ministro de Interior por decreto lo nombrara
como “guardián de la fe pública” en la capital. Mientras la justicia condenaba
a los parlamentarios, la Fiscalía iniciaba un proceso penal contra los
Ministros del Despacho que habían realizado los acuerdos con los delincuentes
que habían cambiado su voto. El Ministro del Interior Sabas Pretelt, quien fue
enviado a la Embajada de Italia entregó poder a un conocido exprocurador para
su defensa. Este prestante abogado, conocido profesor y conferencista, además de
maestro del abogado de Saludcoop que hoy ocupa la Fiscalía ha centrado su
defensa en impulsar nulidades procesales debido a que en su parecer todas las
diligencias de este proceso debía adelantarlas el Fiscal General de la Nación
de manera indelegable y por ello cualquier actuación en que no repose la firma
de este funcionario carece de validez. Luego de tener un éxito parcial con esta
estrategia, recuso a todos los jueces del caso y fruto de ello se eligieron
conjueces para adelantar el proceso. Ahora, después de una década de los hechos delictivos
y cuando la Corte apresta a tomar su decisión final acude a una acción de
tutela aduciendo violaciones al debido proceso con la finalidad de anular por
esta vía la actuación adelantada contra su defendido y de esta manera acercarse
a la prescripción de la acción penal. La Corte Constitucional “seleccionó”
dicha acción de tutela para su revisión y está próximo a fallar sobre el
particular. La “suerte” ha estado del lado del exministro y exembajador debido
a que la posibilidad que una acción de tutela por violación al debido proceso
sea escogida para revisión por la Corte es altamente improbable pero si las
personas cuentan con los contactos necesarios todos es posible en el sistema
judicial colombiano. Los discursos del exfuncionario y su abogado repiten de
manera incesante las palabras debido proceso. Sin embargo, los recursos y las
acciones interpuestas y la forma en que se ha dilatado este proceso son una
clase magistral de tinterilladas que servirán a todos nuestros colegas para
obstruir la justicia en nombre de los derechos fundamentales.
En el caso del proceso
contra Pretelt se podría argumentar que se trata de un abogado utilizando todas
las herramientas que da la ley para defender a su cliente. Sin embargo, en el
caso del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex contratista de la
Contraloría y actual Presidente del Consejo Superior de la Judicatura la
situación es más cómica. A Ricaurte el
Consejo de Estado le declaró nula la
elección debido a que la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia que había ternado su nombre había sido a su vez elegido por él mismo
postulado. Por tanto, este enmermelador del poder judicial debía retirarse de
su cargo. Este magistrado que debe promulgar el respeto por los fallos
judiciales promulga este principio siempre y cuando los mismos no sean en
contra de él. Interpuso recursos de aclaración y recuso después del fallo a
algunos integrantes de la Sala de decisión que suscribieron la decisión. ¿La
finalidad? Demorar, dilatar el cumplimiento de fallo para seguir ejerciendo sus
funciones en el Consejo Superior de la Judicatura. Este Magistrado litigante no
tuvo ningún problema en asistir a la posesión del Congreso el pasado 20 de
julio. Eso de la vergüenza es un comportamiento para los tontos. Ese personaje
es quien diseña las ternas de los postulados a los altos cargos de Corte y
Tribunales en Colombia.
No los aburro nuevamente
recordando que en noviembre se cumplen 2 años de la estafa masiva de Interbolsa
esperando que la Fiscalía acuse a los principales cerebros de la defraudación.
Y mientras lo anterior ocurre, Montealegre se apresta a nombrar más de 3.000
funcionarios en la Fiscalía General de la Nación debido a la reforma de la
institución sancionada la semana pasada por el presidente Santos y el Ministro
de Justicia encargado Miguel Samper, hijo del muy honorable y distinguido
Secretario General de Unasur. (Estamos en Colombia, el hijo del presidente acusado de recibir aportes del narcotráfico en su campaña es el Ministro de Justicia. Si Garavito tuviera influencia política, algún hijo suyo dirigiría el Instituto Colombiano de Bienestra Familiar) Y mientras vemos como exfuncionarios,
exprocuradores y magistrados se burlan de la
justicia a la vista de todos los
ciudadanos, quienes dictamos clases de derecho quedamos sin argumentos para
promover el respeto al debido proceso y la lealtad procesal pues si los colegas
de “mostrar” no tienen rubor para enturbiar los procesos, es imposible exigirle
al gremio un comportamiento diferente al de sus “estrellas”.
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