Una de las decisiones más
sorpresivas y audaces del Presidente Santos en sus primeros meses de Gobierno
fue el restablecimiento pleno de relaciones con Venezuela y el presidente Chavez.
El proceso de paz que pretendía impulsar
el gobierno de Santos requería la colaboración de la “revolución bolivariana”.
Ese gobierno fue designado, junto a Chile como uno de los países acompañantes
del proceso de paz dos años después. Simultáneamente al transcurso del Gobierno
de Santos y el proceso de paz, en Venezuela la situación política y económica
cambiaba drásticamente. La enfermedad y fallecimiento del presidente Chavez,
seguida de la ajustada victoria de Maduro, quien ha ejercido el poder en medio una reducción de los precios
del petróleo y una economía desfalleciente luego de más de quince años de
riqueza aparente y corrupción desbordada han traído como consecuencia la tensa
situación que vive hoy Venezuela.
En los últimos años el
gobierno revolucionario ha adoptado perfiles
autocráticos en los cuales la persecución de los miembros de la oposición y su
posterior judicialización, es apenas una de sus caras más conocidas a nivel
internacional. A pesar de las evidentes y constantes violaciones de normas
internacionales sobre derechos humanos del gobierno venezolano, los países de
la región han sido tímidos para denunciar estas actuaciones y han preferido
mirar para otro lado con la finalidad de evitar pronunciarse sobre ellas. En el caso colombiano, la omisión se justificaba
en el apoyo que el gobierno venezolano prestaba al proceso de paz. Pareciera que
la contrapartida a dicho apoyo era el silencio a la vulneración de los derechos
de los venezolanos. Esta posición pragmática y ventajosa es propia de los
países dirigidos por jugadores de póquer. Así, mientras Venezuela acompañaba a
Colombia en el proceso de paz, encarcelaba los líderes opositores y perseguía a
los medios que opinaban en contra del gobierno de Maduro.
Estos acuerdos tácitos con
Venezuela comenzaron a hacerse trizas hace menos de un mes cuando el presidente
Maduro en alguna de sus rutinarias declaraciones indicaba que la crisis
venezolana era causada por los ciudadanos colombianos que habían ingresado a su
país. Y hace pocos días, el gobierno venezolano expidió un decreto que establece las
Zonas Operativas de Defensa
Integral Marítima e Insular, y dentro de ellas se encuentra el Golfo de
Coquivacoa , el cual se encuentra en litigio con Colombia hace varias décadas.
El gobierno que esquivo las declaraciones y comentarios sobre la situación
venezolana recibe ahora un poco de su medicina. Santos se encuentra en una encrucijada
creada por él mismo. En el momento más difícil del proceso de paz, no puede
ceder a la provocación venezolana pero tampoco puede guardar silencio. Parece
que el tahúr ha perdido la partida con los revolucionarios bolivarianos.
Y el estado del proceso de paz no es muy diferente al estado de las
relaciones con Venezuela. Con una guerrilla que ha mostrado en el último mes su
desprecio por el derecho internacional humanitario, una opinión pública reacia
a que los guerrilleros no paguen cárcel por sus crímenes y un cese al fuego
cada vez mes lejano, de no adoptarse prontas decisiones en la mesa, el proceso
comienza a caminar el mismo sendero del Caguán con unas farc pateando a diario
el tablero. Inició el tramo de las decisiones. El asunto no es de fechas. Si las
farc consideran que pueden seguir indefinidamente conversando en La Habana sobre lo divino y lo humano mientras
cometen crímenes a diario en Colombia, el proceso está muerto. Llego la hora
que el tahúr juegue sus restos, porque si demora más su apuesta no encontrará
mesa donde realizarla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario