Con aplausos de sus colegas
fue premiada la participación del Doctor Alberto Rojas Ríos, actual magistrado
de la Corte Constitucional en el Congreso de Derecho Procesal en la ciudad de
Pereira en los primeros días de
septiembre de este año. El jurista iluminó el recinto con sus disertaciones
sobre Las garantías constitucionales en el Código General del Proceso. En el
ambiente que rodea el mundo del derecho en Colombia hoy, un personaje
cuestionado por sus actuaciones profesionales e investigado por sus actividades
como magistrado es un referente a seguir. Por la misma fecha se conocía que el
compañero de Sala de revisión en la Corte Constitucional de Rojas, el
intachable Jorge Pretelt está dedicado a grabar a los conductores y empleados
del magistrado Luis Ernesto Vargas (él miembro de la Corte que a su vez grabó
al abogado Víctor Pacheco cuando le narraba
hechos de corrupción el caso Fidupetrol) con la finalidad de demostrar
una persecución en su contra orquestada por sus compañeros en el tribunal más
importante de justicia en Colombia. Más que demostrar su inocencia, la
estrategia de Pretelt ha consistido en demostrar que todos sus compañeros
adelantan prácticas iguales o peores a las suyas.
El expresidente de la Corte
Constitucional y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos
para el periodo 2010-2014, doctor Rodrigo Escobar Gil será imputado por la
Fiscalía por los delitos de tráfico de influencias, cohecho por dar u
ofrecer y falso testimonio. Los delitos se derivan de las actuaciones del
doctor Escobar Gil como “asesor” de Fidupetrol en una acción de tutela que fue
seleccionada por la Corte Constitucional para revisión, cuyo ponente fue el
magistrado Pretelt y que pretendía revocar una millonaria condena impuesta a
esa firma por la Corte Suprema de Justicia. La Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura con una celeridad inusual ya realizo indagaciones
sobre el comportamiento de Escobar Gil y determino archivar cualquier
investigación disciplinaria en su contra al considerar que las actuaciones del
exmagistrado no tienen indicios de irregularidad alguna. Para la Sala
disciplinaria es absolutamente normal que un prestigioso abogado cobre 400
millones de pesos para ayudar en la elaboración de un memorial, sin importar que las etapas
procesales para la presentación de los mismos hubieran finalizado meses antes
de la suscripción del contrato. La
decisión de la imputación de cargos ha debido ser especialmente dolorosa para
el fiscal, quien hasta hace unos meses atendía recepciones en la casa a quien
hoy la entidad a su cargo cita a audiencia de imputación de cargos. ((http://www.jetset.com.co/sociedad/bogota/galeria/almuerzo-campestre-fiscal/58428 Se observa en la reunión a varios abogados
contratistas del Estado de la cuerda del fiscal y al magistrado González quien
“denunció” el asunto de Fidupetrol). Para mitigar riesgos, el exmagistrado
guiado por sus abogados debe estar en la actualidad consiguiendo registro de
enfermedades degenerativas que permitan que en la remota eventualidad que le
fuera decretada la detención preventiva, la misma sea realizada en su domicilio siguiendo el
ejemplo de tantos delincuentes que estuvieron en plenitud de condiciones para
ejecutar sus crímenes pero a la hora de pagar sus condenas se encuentran
irremediablemente enfermos y por ello deben ser “recluídos” en su casas. En
últimas, a nuestro ilustre exmagistrado le tocara compartir en la cárcel la
Picota en el patio VIP donde el consumo de whisky y la variedad gastronómica
que disfrutan sus huéspedes podría traerle problemas con su colesterol. En Colombia, entre más importante sea el
delincuente y más personas haya defraudado son menos rigurosas sus condiciones
de reclusión.
Mientras los
exmagistrados y magistrados de la Corte más importante de Colombia diariamente
dan muestra de probidad, la fiscalía general de la nación se convierte en un
ejemplo de ineficiencia y abuso del gasto público. La mayoría de los contratos
revelados por los medios de comunicación no son solo innecesarios sino
costosos, además de las dudas –que en realidad son certezas- sobre las
verdaderas causas de su otorgamiento. El abogado de Saludcoop terminara su
periodo enterrando el escándalo de estupefacientes, logrando la impunidad de
Palacino y sus amiguetes y acabando la poca credibilidad que aún le queda al
ente acusador.
Pero les tengo
buenas noticias a los roedores que pululan en las alcantarillas del palacio de
justicia. El año entrante, el señor Edgardo Maya Villazón, actual Contralor
General de la Nación cumple 65 años, edad de retiro forzosos de los servidores
públicos. Es el momento de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre el tema
y con una Sentencia con razonamientos tan brillantes como la que permitió que
Montealegre se quedara cuatro años en la fiscalía, notifique a Colombia que la
edad de retiro forzoso no se aplica a ungidos como Maya Villazón. Los
magistrados que sean ponentes de la Sentencia podrán recibir millonarios
contratos al retiro de sus cargos en la Contraloría General de la República,
siguiendo la doctrina Montealegre.
Mientras nos
ocupamos de la finalización de los diálogos con las farc y los atropellos del
dictador Maduro, el grupo que se tomó la justicia en Colombia sigue avanzando.
Los casos de Cartagena y Cartagena y Santa Marta que tienen a los mismos
protagonistas (magistrado y abogado) son mucho más escandalosos que el tema Fidupetrol.
El manejo de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía como agencias negociadoras de favores y
suscriptoras de millonarios contratos se convirtió en el eje de la actividad de
estas instituciones. Los magistrados vergonzantes que son aplaudidos en público
y repudiados en privado por un gremio en el cual sus integrantes no quieren
denunciar nada de lo que pasa por el temor a ser perjudicados en el desarrollo
de sus actividades profesionales son los ingredientes de una crisis que nadie
quiere denunciar ni confrontar. Por ello, un personaje como Víctor Pacheco más
que un delincuente, parece un visionario. El entendió que la forma de acceso a
la justicia en la actualidad se fundamenta en exmagistrados que tengan acceso a
quienes firman-pero no redactan- los fallos. Ese pragmatismo se impone en
clientes y abogados en la Colombia de hoy. Por eso, no es de extrañar que un
presidente de la corte más importante del país utilice expresiones como “nadien”
en lugar de nadie.
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