Cuando todos se burlan de la justicia.

Existió hace algunas décadas un país en el cual la posibilidad de afrontar un proceso judicial por las actuaciones ilegales de los ciudadanos era un elemento que servía para disuadir a aquellos que consideraban cometer actos ilegales. La explosión del contrabando en los setenta y el narcotráfico en los ochenta, tuvo entre algunas de sus consecuencias negativas, la pérdida de temor por parte de los delincuentes a ser procesados debido a la posibilidad de transar o intimidar a las autoridades. De esta manera, mientras en el discurso para la galería se anunciaba que caería todo el peso de la ley a sus infractores, en la sombra se volvió una práctica de comúnla  aceptación el porcentaje que debía reservarse para arreglar problemas judiciales.

La práctica anterior que inició con contrabandistas y mafiosos, se extendió después de los noventa a los “nuevos ricos” que se aprovecharon de la descentralización promovida por la Constitución de 1991 y asaltaron presupuestos municipales y departamentales a discreción con el consentimiento y hasta admiración de todos los organismos de control. La reciente detención del Contralor de Antioquia revela una práctica corriente en Colombia. El primer acto de un Gobernador o Alcalde de cualquier departamento o municipio del país es “dirigir” la elección en la Asamblea Departamental o Concejo Municipal de un personaje cercano que se encargara de encubrir sus actuaciones durante su periodo y revelar las actuaciones de algún rival político si las circunstancias así lo ameritaran. Quien maneja el presupuesto paga la elección de su compadre y acuerda una participación por su labor en los próximos 4 años. El incumplimiento en la entrega de la tajada acordada es lo que causara actuaciones de tipo fiscal contra el mandatario en su periodo. Por supuesto que existen excepciones, pero son eso, excepciones. El proyecto de reforma constitucional que espera regresar al control previo por parte de la Contraloría aumentara exponencialmente la tajada de los contralores en los próximos años.

Ante la normalización de este tipo de conductas por los “líderes” de la sociedad, la relajación en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los ciudadanos en general no se hizo esperar. De esta manera, en la actualidad son pocos los que se preocupan por incumplir sus obligaciones, debido a que la lentitud de la rama judicial permite las más de las veces, que las sentencias de los jueces queden para enmarcar sin poder ser efectivamente cumplidas. En campos como el derecho penal, se busca es un apoderado que dilate indefinidamente el proceso para que el vencimiento de términos permita la obtención de la libertad de los presuntos delincuentes. Por no hablar de las detenciones domiciliarias de hampones como el ex presidente de Interbolsa quien era maduro para cometer los delitos pero de la tercera edad para pagar sus condena en centro carcelario.

Ese nuevo estado que se ha desarrollado en los últimos años donde la corrupción es la mayor fuente de ingresos no quiere ser modificado pues existen grupos que derivan altos ingresos de estas actividades. En departamento como Guajira y Norte de Santander son delincuentes condenados por homicidio quienes dirigen desde la cárcel la política regional, de la misma manera en que Pablo Escobar desde la Catedral seguía manejando sus negocios.  De ese estado de cosas se aprovecha tanto políticos de izquierda como de derecha. Pasan sus “condenas” en escuelas de caballería o brigadas militares en unas condiciones que envidiaría el común de los ciudadanos en Colombia.

Un par de ejemplos: García, el viceministro que “actúo solo” y contraviniendo los principios de su presidente le adjudicó el contrato a Odebrecht y sus socios de la Ruta del Sol II y recibió a cambio 6,5 millones de dólares está próximo a redimir su pesada condena que será de menos de tres años efectivos de prisión. El Director de Invias del mismos Gobierno que salió de su cargo destituido por el actual embajador ante la OEA por alterar documentos,y se convirtió en contratista y enlace de Odebrecht, jamás fue procesado y por el contrario es un cuadro de su movimiento político.

De esos pozos vienen personajes de la catadura de NHM, apoderado de sobornadores de jueces por la mañana, super ministro con participación en instancias que definen contratación por las tardes y fiscal luego de “concurso público de méritos”. El problema del país, las facultades de derechos y los abogados es rediseñar el sistema judicial con la finalidad que las diferencias se tramiten en los juzgados y no en las sombras al estilo Mattos.

Esa discusión que debería ser central en la actualidad no tiene cabida porque el caudillo del siglo XXI  que tiene un presidente que realiza funciones protocolarias tiene como propósito que sigamos discutiendo lo mismo que hace veinte años con la finalidad de no explicar ninguna de sus oscuras actuaciones, atribuyendo cualquier solicitud de explicaciones a una conjura política en su contra.  

Nota al margen: Mucho se habla de la traición de Santos a la “doctrina uribista”  pero a 30 años de la muerte de Luis Carlos Galán nadie parece recordar que el enterrador del ideario galanista fue el personaje que su hijo nombró como su sucesor en sus exequias. Después de llegar al poder por la sombra de Galán que aparecía hasta en los afiches de su campaña, César Gaviria implantó un modelo económico y unas políticas propias ajenas a la de Galán, además negoció con los mafiosos su entrega a la justicia y después acordó con peligrosos delincuentes su indemnidad para ayudar al Estado a terminar con Escobar. Realizó alianzas con Santofimio en el Congreso a pesar de sus conocidos antecedentes para esas fechas. Galán fue asesinado el 18 de agosto y sus ideas desaparecieron a los dos días cuando sus banderas fueron entregadas al actual director del partido liberal.

Un rehén en el palacio presidencial.

Transcurrida la quinta parte del mandato de Iván Duque se siente un vacío de poder que tiende a incrementarse día a día. El presidente fue incapaz de construir un proyecto nacional y debido a su debilidad política, el único refugio disponible  es el partido político de propiedad de su mentor, el cual tiene como  norte la división del país y la venganza hacia Juan Manuel Santos, personaje que oso pensar de manera diferente al caudillo.

El Centro Democrático con su agenda de retaliación consiguió que el actual Gobierno se convirtiera en una minoría que carece de votos en el Congreso para sacar adelante la más sencilla de las iniciativas. En otras palabras, ganó el gobierno y perdió el poder. Y el presidente, sin galones para contradecir al gran colombiano, ha sido empujado a iniciar batallas en las cuales ha desperdiciado su escaso capital político. Las objeciones a la ley estatutaria de la justicia especial para la paz sirvieron para unificar las dos terceras partes del Congreso en su contra, recibir criticas del exterior, además de exponer al ridículo a su administración que concentró todas sus energías en convencer a dos senadoras de negarse a votar el rechazo a las objeciones presentadas. La decisión de la Corte Constitucional de la semana que termina le confirmó al gobierno su derrota ya no solo política sino también jurídica al tomar como propias las interpretaciones legales del temible secretario del Senado, quien se ha convertido en el oráculo de la administración en asuntos constitucionales.

El presidente Duque parece ser una buena persona. De trato respetuoso e informal transmite una imagen cercana para los ciudadanos. El único inconveniente es que su llegada al cargo que ejerce no es consecuencia de sus ejecutorias y liderazgo sino que la causa de su triunfo obedeció al guiño del patrón y al temor a la llegada al poder del otro caudillo político de la actualidad en Colombia. Sus posiciones políticas debieron acomodarse al ideario del partido del expresidente y por ello, las ideas que defiende desde agosto pasado en el poder no son propias sino que corresponden a la visión de otros, que se encargan cada tanto de recordarle cuales fueron las circunstancias de su elección. El presidente es rehén del grupo político que lo eligió y carece de peso político para dar un golpe a la mesa y reorganizar el Gobierno de acuerdo a sus convicciones. No es algo que deba sorprender a nadie. Después de la traición de Santos, los aspirantes a favorito de Uribe fueron notificados de las cargas que debían soportar al llegar al poder por el favor del ungido. Por ello, quienes albergábamos la esperanza de algún cambio de comportamiento del actual presidente para sacar adelante al país en su periodo y no protagonizar una vendetta eterna con las mismas discusiones del último lustro hemos confirmado que ello jamás ocurrirá. Además, luego de padecer por diez meses a la libertadora de Venezuela que ejerce temporalmente como vicepresidenta antes de lanzarse nuevamente a la presidencia, no queda otra alternativa que esperar la culminación del periodo del actual presidente.

Lejos de ser un problema, un presidente débil se convierte en una oportunidad para todos los grupos de presión que cobraran al gobierno su “apoyo” irrestricto. Colombia no ha terminado de pagar los cheques girados por el gobierno de Samper mediante los cuales se regalaron licitaciones, empresas estatales en liquidación, cajas de compensación, emisoras, ajustes salariales a la rama judicial, entre otros, por el espaldarazo al último gobierno del partido liberal que al parecer conocerá la historia. A quien más le conviene la invisibilidad del actual ejecutivo es a su mentor. Su anterior elegido utilizó los vientos favorables de su popularidad para volar solo y olvido los sabios consejos del dueño de los votos. Un presidente con una popularidad en permanente descenso y con el sol a las espaldas sin haber cumplido siquiera un año de gobierno depende más que nunca de su “partido” Y el “partido” depende para su existencia de seguir atizando la hoguera de los mismos conflictos entre los colombianos. Por eso llevamos un año hablando de un mequetrefe como Santrich, seguimos obsesionados con la JEP y no debatimos sobre temas que nos puedan unir. Por ello, el tiempo que resta de este largo gobierno seguiremos discutiendo sobre lo mismo. Tendremos a los senadores Mejía, Valencia y Cabal insultando en público a los narcoterroristas  de las farc, al gobierno hablando a diario del pacto de impunidad y cada poco recordando el peligro de volvernos como Venezuela. Todo esto se repetirá eternamente porque la esencia del uribismo exige la confrontación y el día que esta no exista, ese movimiento desaparece. Los números de su candidata a la Alcadía de Bogotá dan buena cuenta de lo que ocurre cuando no pueden vender su libreto.

Quedan tres años más de obediente gobierno en el cual en la casa de Nariño se firman los decretos pero en el twitter del gran colombiano se toman las decisiones

Elecciones 2022: La campaña de cuatro años

La recuperación de la favorabilidad del presidente Duque como consecuencia de su postura ante el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander realizado por el ELN en el cual fueron asesinados 23 miembros de la institución y el “liderazgo” asumido ante la situación de Venezuela han permitido al presidente encontrar el espacio que estaba buscando desde su posesión hace más de siete meses.

Ante la positiva respuesta de la opinión a sus posiciones fuertes, ha resuelto aumentar la apuesta, situación que explica las objeciones a la ley estatutaria de la justicia especial para la paz y la presentación de un plan de desarrollo en el cual las palabras reforma agraria y conflicto no existen. Duque renunció a las formas conciliadoras que mostró al inició de su gobierno y resolvió apostar a la polarización con el guiño de su padrino. Las decisiones de las últimas semanas confirman que la marca de su cuatrenio será la obediencia al propietario del partido que hace un lustro lo hizo senador y hace un año presidente. Para saber los temas prioritarios en este gobierno no deben mirarse documentos oficiales ni mucho menos intervención de ministros, en su gran mayoría desconocidos para los ciudadanos. Basta mirar el twitter del senador Alvaro Uribe, quien se ha dado el lujo incluso de comunicar decisiones del ejecutivo antes que su mandatario en la casa de Nariño.

Los temas de la agenda de los próximos tres años, hasta la elecciones de 2022 es sencilla: Consiste en mantener crispada toda la opinión pública con las mismas discusiones de los últimos tres años que han permitido el triunfo del plebiscito y de las últimas elecciones. Por ello, vía reformas constitucionales se busca hacer unos “retoques” a los acuerdos logrados. Todos aquellos que no estén de acuerdo con el tenor de esas modificaciones solo quieren que Colombia termine en las mismas condiciones de Venezuela, razón por la cual, se hace indispensable recordar diariamente y en extenso la situación del vecino país y resaltar que todas las medidas que adopta el Gobierno tiene como fin evitar que nos convirtamos en otra Venezuela. Para que el relato pueda mantenerse en el tiempo y el riesgo pueda sentirse próximo, se requiere un antagonista que haga sentir como real esa posibilidad. Y allí aparece Gustavo Petro, un líder megalómano quien está siempre listo a formar coaliciones que lo apoyen. La candidatura de Petro en 2022 es la garantía de la continuidad de los mandatarios de Alvaro Uribe en el poder hasta 2026.

Aunque pareciera muy temprano para hablar de estas cosas, el asunto es que el gobierno de Duque será una larga campaña hasta las elecciones de 2022. Comenzando por su canciller candidato quien desea poder llegar a la presidencia con la cabeza de Maduro en sus manos  pasando por la Senadora Valencia que se encargara en adelante de “enfrentar” a los miembros del partido de la farc en cuanto escenario encuentre para registrar en los medios. Todos piensan que estuvieron muy cerca de llegar a la presidencia en las pasadas elecciones y que si pueden mantener la actual polarización con el mismo discurso y con la posibilidad que el candidato opositor sea el mismo que nunca podrá completar la mitad más uno de los votos, la elección la deben ganar desde ahora y no en 2022.

En este panorama, todas las decisiones y discusiones que se producen van en ese sentido. Hoy, el tema son los sagrados derechos de los niños que fueron vulnerados en el conflicto armado por miembros de la farc. Poco recuerdan que hace unos años, un monstruo como Hernán Giraldo, culpable de todos los crímenes imaginables contra menores de edad era extraditado para que respondiera por narcotráfico por los mismos a quienes hoy les preocupan tanto esos derechos. Un conflicto armado de seis décadas donde se cometieron incontables e inenarrables sucesos contra toda la población civil deja unas secuelas imborrables en el tejido social. Como sociedad parecía que habíamos escogido la opción de parar el mismo y evitar más asesinatos y violaciones de menores de edad. La verdad es que una parte importante de la población no comparte esa decisión y no desea honrar la palabra del Estado empeñada en los textos firmados. Quienes llegaron al poder tenían la opción de actuar como Jefes de Estado y cumplir compromisos adquiridos para demostrar que ese estado de derecho del cual tanto nos ufanamos existe o, por el contrario, podían portarse como leguleyos y buscar una interpretación de la ley para justificar el incumplimiento de aquello que no comparten.

El compás de espera para saber cuál era la opción a elegir pasó y el gobierno del presidente Duque eligió la segunda opción. Con base a ello no cumple protocolos de terminación del proceso de negociación con el ELN porque esos compromisos no los realizó su gobierno, no incluye en el plan de desarrollo nada relacionada con reformas agrarias pactado en los acuerdos que pusieron fin al conflicto y dedica su mayor esfuerzo a dividirnos como sociedad en discusiones superadas. ¿ Y cuál es la razón de todo ello? El hambre de poder del caudillo de una parte y el viejo truco de mantenernos distraídos en discusiones intrascendentes mientras que Carrasquillas y compañías hacen sigilosamente los ajustes necesarios para favorecer los verdaderos dueños del juego. 

Cuando la guerra es conveniente.

Aunque Iván Duque se posesionó el 7 de agosto pasado, su gobierno arrancó el jueves después del atroz atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional. El presidente vacilante que no parecía tener ningún tema que fuera su referente, encontró con posterioridad al atentado un tema para que su agenda fuera visibilizada por el país. Dos intervenciones en 24 horas, la primera en tono moderado y de estadista y la segunda de candidato presidencial en busca de aplausos y favorabilidad marcan el reinicio de su gobierno. Pareciera haberse reencontrado con sus electores, los cuales comenzando por su mentor aplaudieron a rabiar su segunda intervención, en la cual solicitó al país garante de los diálogos con el ELN la entrega inmediata de los negociadores de ese grupo por el crimen contra la Policía Nacional.

Previo a este nuevo panorama, se había presentado en los últimos dos meses del año pasado la movilización estudiantil que culminó con un acuerdo en el cual el Gobierno se comprometió a aumentar el presupuesto para la educación en los próximos años. Por primera vez en muchas décadas el Estado no tenía la justificación para desechar las pretensiones de los estudiantes consistente en que ella fuera producto de una infiltración de grupos insurgentes que buscaban desestabilizar nuestras sólidas instituciones. Parecía que uno de los principales logros del proceso firmado con las farc era precisamente la recuperación de la protesta social lejana de etiquetas por parte de sus contradictores que tendría como consecuencia la mirada a problemas desechados por años debido al combate contra un enemigo que abarcaba todo el tiempo y fuerzas del gobierno. La lucha contra la insurgencia en los setenta y ochenta , seguida de la lucha contra enemigos públicos como los carteles de Medellín y Cali permitió que muchos debates fueran aplazados indefinidamente. La narrativa actual da cuenta de la historia de un salvador que llegó a inicios de siglo y liberó a Colombia del más infeliz destino gracias a su trabajo dedicado y sereno. El sucesor del ungido resolvió poner fin por un acuerdo político al mayor enemigo de nuestro salvador y ello desencadenó la ira de su auspiciador, quien regresó a la política para imponer su evangelio y erradicar de faz de la tierra esa falsa doctrina según las cual, es mejor resolver las cosas hablando. De esta manera, su tarea el último lustro ha sido demostrar que nada más perjudicial para el país que la desmovilización de un grupo insurgente. A pesar de haber ganado la presidencia por interpuesta persona, era evidente que su relato era incompleto sin un enemigo al cual doblegar. Trataron de presentar un iletrado disidente de las farc como la encarnación del mal pero al parecer ese relató no fue registrado ni por su áulicos más fieles. El pasado jueves, a pocas horas de ocurrido el demencial ataque contra los policías, nuestro salvador decía sin asomo alguno de vergüenza ni escrúpulos que la causa última de este infame ataque era el proceso de paz. Hoy, después de marchar, y antes de ir a misa como buen cristiano, repitió en cuanto micrófono pudo que los atentados eran consecuencia de los premios dados a las farc en el pasado y que dicho error no se podía repetir.

Tener un enemigo que vencer desde hace medio siglo  ha permitido desviar la atención del país de asuntos fundamentales con la finalidad que gobierno tras otro hagan lo que quieran mientras nos defienden. Gaviria vendió medio país mientras nos salvaba de Escobar, Samper permitió que los políticos que lo sostuvieran se robaran instituciones públicas mientras lideraba la guerra contra las drogas. Pastrana y Uribe llegaron al poder por las farc (uno para negociar con ellas y el otro para combatirlas) y Santos llegó a la presidencia a continuar el legado del hombre que “partió “ la historia en dos según nos informa el último comercial de su partido, el centro democrático. Duque llegó  a la presidencia y al no tener un enemigo al cual vencer corría la desventura de tener que comenzar a tratar asuntos aplazados por años. Por suerte para él y su jefe, los hechos del jueves permiten poner las fichas del juego en orden de nuevo. Su misión es comandar la guerra contra el caduco, intolerante, sectario y asesino ejecito de liberación nacional de cuya victoria depende el futuro de la república. Debido a que muchos de los ancianos comandantes de este grupo residen en Venezuela, el siguiente paso será solicitar su entrega so pena de acusar esa nación de encubridora de terroristas y subir aún más la temperatura de esa olla de presión que es el país vecino.

Y ¿las discusiones sobre educación, reformas, fiscal cuestionado, aportes ilegales de Odebrecht a las dos últimas campañas presidenciales,? Quedaran a un lado. Llegó el momento de concentrarse en nuestro único objetivo para seguir siendo un Estado viable: la guerra contra el ELN y las disidencias de farc.  Lo demás puede esperar otros cincuenta años.

Nestor Humberto y el nuevo derecho.

Dos semanas después de la histórica intervención del actual Fiscal General de la Nación ante la plenaria del Senado en la cual confirmó a los colombianos que si la justicia es una utopía, la ética es un lujo en las épocas de los abogados sofisticados para los cuales el derecho y la moral no tienen ninguna relación, el impedido funcionario y los medios de su principal cliente han dado por clausurado el debate sobre sus indelicadezas como cabeza de la institución encargada de acusar a los ciudadanos por violaciones a la ley penal.

Un video del archienemigo del establecimiento recibiendo dinero en efectivo en fecha sin establecer y una demanda en su contra suscrita por un abogado de traquetos y lavadores de dólares ha sido el pretexto perfecto para meter el tema al congelador. La estrategia ha sido exitosa y permitió que antes de iniciar vacaciones de fin de año los reflectores recaigan sobre Petro. Ha sido tan exagerada la reacción del establecimiento, que la situación que en principio parecía una catástrofe y el fin de la carrera política del senador decente, se ha convertido con el paso de los días en una “persecución” en la cual el aspirante presidencial a 2022 juega el papel que más le gusta: Un perseguido por los poderosos que quieren evitar a cualquier costo su participación en política y la transformación del país. Es tal el tamaño del escándalo y los trapos sucios que les tiene Martínez a sus asociados que la carta perfecta para desacreditar a su rival en la próxima campaña presidencial, debió ser exhibida tres años antes.

Gracias a las grabaciones realizadas por un íntimo amigo del hoy fiscal, se pudo constatar que el exsuperministro de Santos conocía años antes de su cargo actual   todo el entramado de corrupción derivado de Odebrecht sin nunca dar anuncio a la opinión pública de tal situación. Sus actuaciones posteriores han confirmado que en la agenda de la actual fiscalía el tema de llegar a los peces grandes del escándalo de la empresa brasileña no existe. Si el anterior Fiscal no realizó actuación alguna contra los involucrados en los malos manejos de recursos en Saludcoop, que eran sus exclientes, el actual titular del cargo repetirá esta tradición con sus más cercanos clientes.

Las facultades de derecho deben guardar la dilatada intervención de Martínez para exhibirla ante sus alumnos como una clase maestra de cinismo y el abuso de poder de un servidor público en Colombia. La manera en que el Fiscal exhibía documentos reservados, realizaba alusiones a conversaciones privadas y se jactaba de conocer los movimientos de sus contradictores son un ejemplo de la cloaca en que se convirtió hace lustros la justicia en el país.

Las normas sustanciales y procesales que descansan en las codificaciones de las diferentes áreas y que se concretan en los 200 programas de derecho existentes en Colombia plantean una disciplina en la cual  la ley y la jurisprudencia son las principales fuentes de derecho que utilizan los jueces para sus fallos. El divorcio con la realidad no puede ser más evidente. La justicia que se practica en el día a día no depende para nada de conocimientos, alegatos, estudios ni tampoco busca llegar a la verdad. La justicia del día a día depende de coimas pequeñas o grandes, en dinero o en especie sin las cuales la actividad del litigante se vuelve azarosa. Con una rama judicial de espaldas a la transparencia, los mínimos aspectos de un proceso, desde una notificación hasta la fijación de una fecha para una audiencia no dependen de un turno estricto sino de la cercanía con funcionarios del respectivo despacho judicial. Esta realidad auspiciada y tolerada por quienes debemos impulsar procesos en cualquier jurisdicción nos explica en parte la tragedia de nuestro lento sistema judicial. Y para evitar cualquier represalia de los dueños del sistema, nadie dice nada. Por eso, en lugar de recibir una amonestación pública, personajes como el actual fiscal son aplaudidos en recintos cerrados por sus colegas.

La manera como el actual  fiscal  llegó al cargo(ver http://ingenuidaddemocratica.blogspot.com/2016/07/nestor-humberto-y-el-traje-nuevo-del.html escrito en julio de 2016), y la forma en que ha desarrollado sus funciones no son un accidente. Son una consecuencia de la manera como se entendió que es el ejercicio de la profesión desde hace algunos lustros. Se privilegia la influencia y la cercanía con el poderoso antes que las posiciones que puedan llevar a una contrariedad con el mandamás de turno. Eso explica ridiculeces como la esposa de un presidente de la Corte actuando como primera dama de la justicia, los magistrados en turismo permanente o la ausencia de pronunciamientos de la academia o de asociaciones de abogados sobre la crisis ética de la profesión. Por eso nadie se aterra cuando un delincuente entrega doctorados honoris causa a un personaje sin más mérito que su vanidad para merecerlo.

En síntesis, la permanencia del actual fiscal en su cargo y la finalización de su periodo constitucional son un indicador del estado de putrefacción de la “justicia” en Colombia. Y nada parece indicar que la situación vaya a cambiar. Al contrario, la captura de lo público por oscuros intereses privados es nuestro presente y futuro.

P.D. El ilegal paro de la jurisdicción civil en Bogotá por el cual nadie responde y que a nadie importa completa 41 días sin solución. Una muestra más de la “importancia” del sector en la agenda pública. Igual, son tan lentos los procesos que no existe diferencia si los juzgados están o no en actividades.

La victoria de Pablo Escobar

El próximo 2 de diciembre se cumplen 25 años de la muerte del personaje más influyente de la historia reciente del país. El cuerpo del narcotraficante y asesino Pablo Escobar siendo bajado de un tejado en la ciudad de Medellín entre aplausos y celebraciones de las fuerzas del orden es una imagen que retrata una época en el país.

Son incontables los documentales, libros, películas y series que sobre la vida del criminal se han realizado desde su deceso. La versión oficial sobre la lucha de una parte de  la sociedad colombiana  contra Escobar trata de vender la moraleja que no tiene sentido enfrentarse a los poderes del Estado y que todo aquel que los desafíe tendrá tarde o temprano  la misma suerte del idealizado capo .

La manera como Escobar infiltró el Estado colombiano en todas sus estructuras y su manera violenta de solucionar las diferencias, lejos de convertirse en una práctica repudiada por la sociedad, se convirtió en un modelo digno de réplica en todo nivel. Antes de continuar con esta idea, es preciso repasar brevemente algunos hechos que resultan determinantes para justificar la anterior afirmación.

César Gaviria llega al poder gracias a la designación como candidato presidencial que le dio Juan Manuel Galán el día del entierro de su padre. Aunque el esposo de la actual embajadora en Egipto triunfa en las elecciones con la imagen e ideas de Galán desde el inicio de su gobierno exhibe un talante diferente al del líder del Nuevo Liberalismo. Su política económica no tiene coincidencia alguna con las ideas galanistas y tenía mayores coincidencias con las ideas de su rival electoral Alvaro Gómez Hurtado. Pero, la mayor fractura entre el moribundo galanismo y el naciente-y hasta hoy existente-gavirismo fue la postura para combatir las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Gaviria con su particular pragmatismo diseño una política de sometimiento a la justicia mediante la cual estos grupos de hampones pagaron condenas irrisorias por “dejar de delinquir”. Con Escobar el tema llegó al punto de la prohibición de la extradición en la Constitución  y el pago de la condena por sus delitos en la famosa “catedral” Luego de la fuga de Escobar de su lugar de “reclusión” y ante el desconcierto nacional e internacional, el gobierno resolvió convocar a los delincuentes más peligrosos de Colombia que tuvieran cuentan pendientes con el capo para recibir su apoyo en la captura y muerte del asesino a cambio de su perdón judicial. Para contener al “patrón”, Gaviria no tuvo inconveniente en transar y otorgar  indultos a criminales iguales o más sanguinarios que el reconocido capo. Los últimos 17 meses de vida del asesino entre madrigueras y órdenes de atentados ha sido más contada en la actualidad que la vida de nuestro único premio nobel de literatura.

Muerto Escobar en diciembre de 1993, se intuía el inicio de un nuevo país donde la sociedad optaría por preferir actividades diferentes a las realizadas por este oscuro personaje y se presumía que iniciaba una suerte de corrección ética de la sociedad. Nada más lejano a lo que ocurrió desde esa época. Apenas siete meses después de la desaparición de Escobar, los narcotraficantes que hacían parte del denominado Cartel de Cali –unos delincuentes “más chics y menos ordinarios” que el capo, con bastante aceptación en los círculos sociales-  entregaba una gruesa suma de dinero a una campaña presidencia que determinaría la elección del sucesor de Gaviria. Samper pasaría todo su mandato tratando de demostrar que el Tesorero y los directivos de su campaña se aliaron con el cartel de Cali contra su voluntad para elegirlo presidente. El costo de la permanencia en el poder del gracioso presidente fue muy alto para el país. Las entidades estatales que no había alcanzado a vender Gaviria fueron capturadas por delincuentes profesionales que solo dejaron ruinas. Mientras ello ocurría, el fenómeno paramilitar crecía en poder económico y político de la mano de algunos de los perdonados por Gaviria para perseguir a Escobar. Desaparecería para siempre la línea entre  lo correcto y ,lo incorrecto y desde la década de los noventa sin importar partido ni gobierno  se observaría la consolidación de la corrupción en todo el aparato estatal. Fiscales con oficina, ministros que regulaban los gremios que saldrían a dirigir o asesorar y presidentes que ordenaban comprar votos con notarías y efectivo. Las discusiones sobre la impunidad tanto en el proceso de desmovilización con las autodefensas con en el proceso de paz con la guerrilla me han causado siempre risa. ¿En un país edificado sobre la impunidad era válida la oposición a la dejación de armas de uno u otro grupo en nombre de la justicia?

Los megaescandalos de los últimos años en que se revelan fraudes contra el Estado por cientos y miles de millones de dólares son el epílogo de la historia de un país en el cual la cultura del dinero a cualquier precio se impuso por encima de todo tipo de consideraciones.  En ese estado de anomia social, ambiciones ilegítimas se vuelven legítimas. La empresa más grande de Colombia cambio de dueños sin pagar un centavo de impuestos por esa operación. El mayor aportante como persona natural a la Campaña de Santos en 2010 terminó “pagando” una  condena en su casa de Medellín por ser la cabeza de una sociedad que se embolsilló sin problemas el dinero de miles de ciudadanos. Sus cómplices, serán beneficiados prontamente por la prescripción de sus casos penales y saldrán a disfrutar sus fortunas al otro lado del Atlántico, al estilo del ciudadano español dueño de una distribuidora de carros de marca coreana que no tuvo inconveniente en comprar un juez y sus funcionarios para amañar un fallo judicial que lo dejara en mejor posición para negociar un acuerdo con su contraparte. El abogado que representó al sofísticado empresario en España y logró que no  fuera enviado a Colombia fue el mismo que evitó en los ochenta que Gilberto Rodríguez fuera extraditado desde España a Estados Unidos y gracias a ello pudo dirigir una década más su lucrativo negocio.

Escobar murió hace 25 años pero su espíritu criminal se expandió por el país como un virus sin que a la fecha exista la esperanza de una cura. Muchos criminales de ayer son los señores que hoy adoptan decisiones sobre cuestiones nacionales. Lo ocurrido el último cuarto de siglo en Colombia muestra que Escobar y su talante ganaron la partida. El único antídoto contra ese mal sería el conocimiento de la historia por parte de los ciudadanos, pero este mundo actual de imágenes y conexión permanente repudia el recuerdo y estimulan el momento, así que es una batalla pérdida antes de iniciarla.

El Plan de gobierno de Ernesto Macias

El pasado 7 de agosto fueron leídos dos discursos de contenido diferente en la ceremonia de posesión del presidente de la República. Mientras Ernesto Macías, presidente del Congreso realizó un “corte de cuentas” al gobierno anterior con un lenguaje y tono propios de su partido, el presidente electo realizó una intervención en la cual invitaba a dejar atrás los odios y proponía la construcción de un país entre todos guiados por la “nueva generación” que llegaba al poder representada por él.

A pocos días de cumplirse dos meses del nuevo gobierno, pareciera que la intervención que fijó la agenda gubernamental fue la realizada por el Senador Macías, quien estableció como ejes de la nueva administración la lucha contra las drogas “ con el apoyo de ese gran aliado de Colombia, Estados Unidos, país con el que debemos fortalecer nuestras relaciones”, la reforma al régimen de regalías para favorecer a las regiones productoras, el respeto por la propiedad privada frente a reclamaciones de restitución, la dura posición contra la dictadura venezolana,  la modificación de los acuerdos de paz y el combate a la amenaza terrorista debido a que en Colombia jamás existió conflicto armado.

La designación de Pachito Santos como embajador ante el gobierno de Estados Unidos cumple el primer objetivo de acercarse a nuestro  “gran aliado” por intermedio de un funcionario presto a recibir órdenes de un gobierno extranjero sin sonrojarse. El regreso a la “guerra” contra las drogas y la necesidad de mostrar resultados prontos a su patrón dedicara buena parte de la tarea del actual gobierno.

Como contraprestación por volver su territorio nuevamente un área de guerra, el aliado apoya las denuncias internacionales de Colombia contra la dictadura venezolana. Crispar el ambiente con el vecino permite justificar la inclusión de generosas partidas presupuestales para realizar “necesarios” gastos en defensa de billones de pesos. Todo sea por protegernos de unos vecinos que mientras resuelven sus problemas de hambre pueden optar por una estrategia de expansión territorial que será contestada oportunamente por nuestro atlético Ministro de Defensa que no distingue un fusil de un revólver.

Ya en el gobierno, los enemigos del anterior proceso de paz comprendieron que para hacer trizas los acuerdos no hacia falta modificarlos sino que el incumplimiento de los mismos en aspectos como la reforma rural integral y la restitución de tierras terminarían por liquidarlos. Para ello, el nombramiento de personajes de la talla de Claudia Ortiz en la Agencia de Desarrollo Rural   aseguran que los tales acuerdos no tendrán futuro en este gobierno. A lo anterior se suma la queja permanente del gobierno de la imposibilidad de cumplir los acuerdos por falta de fondos, lo que llevara a una muerte lenta de los compromisos del proceso respaldada políticamente por los partidos ayer santistas y hoy duquistas.

El gobierno no tiene control sobre su partido que presenta reformas constitucionales sobre la JEP, la composición de las Cortes y la inmunidad parlamentaria. Los compromisos adquiridos por la consulta anticorrupción sufrirán un tijeretazo importante que los convertirá en una propuesta aún más babosa que la reforma judicial presentada por el ejecutivo.

Vargas Lleras, uribista 6 años, santista 7 años y medio y ahora nuevamente socio político de Uribe impulsara el Ministerio de la Familia para que los comportamientos de las gentes decente sean replicados con la excusa de unificar funciones de diversas instituciones.

Y el presidente? El señor que dirige la copia de los consejos comunitarios del perseguido expresidente Uribe parece superado por la situación. En su afán de no quedar mal con nadie y de vender una imagen de presidente fresco y familiar no tiene problema en decir una cosa y hacer otra. Habla de meritocracia y llena la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Angelinos. Habla de corrupción y mantiene a su encartado Ministro de Hacienda. Habla de equidad pero su reforma tributaria solo favorecerá a los empresarios.

En apenas dos meses del nuevo gobierno ha quedado claro que el 7 de agosto de 2018 se marcó la agenda de los próximos cuatro años regresando al país a situaciones y discusiones de hace 20 años. Para saber el norte de este gobierno hay que escuchar el discurso del Presidente….pero del Senado.