Cuando Santos se metió al bolsillo la Corte Constitucional.

Algunos ingenuos pensamos que luego de la revelación pública de las acciones de algunos magistrados de la Corte Constitucional  relativas a sus reuniones con apoderados de litigios millonarios, selección extraña de tutelas y nombramientos de sus familiares en diferentes órganos de control la consecuencia de lo anterior sería como mínimo  un acto de contricción público de todos los involucrados o la renuncia de los mismos a sus cargos como una señal de respeto a la institución en la cual presta sus servicios.

La realidad es distinta. Ninguno de los magistrados renunciará. El tema quedo zanjado con una babosa rendición de cuentas y un proyecto de autoreforma en que se comprometerán -ahora sí- a cumplir el reglamento de la corporación. Si el elefante no renunció y ahora es Secretario General de Unasur porque iban a renunciar ellos. Si los lugartenientes del Elefante son hoy Ministro del Interior y Jefe de una bancada del Senado a pesar de los hechos ocurrido hace veinte años en la campaña presidencial porque iban a  dar ellos el ejemplo de renunciar.  “Luisgui” y sus amiguetes, los “guardianes de la Constitución” no darán un paso al costado para no desinstitucionzar al país. Y en realidad, parecen tener razón. Nada más institucionalizado en las esferas del poder de Colombia que el tráfico de influencias y el cambio de favores. No sólo sería la renuncia de ellos sino la de todo su grupo de familiares ubicado en cargos públicos de libre nombramiento y remoción. Que concursen los ciudadanos, porque los magistrados y sus familias pertenecen a una casta superior que no debe ser sometida a vejaciones.

En  río revuelto el jugador de póker utilizó la crisis y de la mano de los consejos de otro exministro del elefante utilizó la coyuntura para apropiarse del nuevo tribunal de aforados y echarse de paso al bolsillo a toda la Corte Constitucional a la que ha salvado de la ignominia. Ante el salto al vacío que implicaba traer nueve abogados que pudieran cumplir sus funciones de manera independiente, Santos resolvió respaldar a ocho de los nueve magistrados y de esta manera  aseguro por anticipado la victoria del Gobierno en los asuntos que se tramiten en ese Tribunal. La manera de resolver esta crisis refleja el nervio del santismo: decir una cosa en público, arregla otra en privado y dejar que EL TIEMPO haga el resto. Quedo confirmado: El rescate de la justicia será el hundimiento del magistrado Pretelt. Las penas de la justicia serán lavadas con el retiro o procesamiento del magistrado. Irónicamente, un político que nunca debió ser magistrado terminó siendo utilizado por los jueces para salvarse políticamente.

Las insólitas explicaciones de Montealegre y los silencios de Ordoñez sobre las ferias de nombramientos de allegados a jueces de las más altas Cortes de Colombia demuestran que nada cambiara. Y el Gobierno que impulsó y exigió a su mayoría parlamentaria que eligiera  como Contralor a una persona con los antecedentes de Maya que en 2016 cumple la edad de retiro forzoso para funcionarios públicos será el que nombrara los jueces de los jueces. Queso para el ratón.

Pretlet por interés personal y no por convicción podría pasar de ser malvado a héroe si en su caída continúa revelando la manera en que se manejan los litigios en Colombia y como los magistrados se benefician de ello. Es tan desolador el panorama que la única esperanza de que sople algo de aire fresco en la cloaca que han convertido la justicia esta  en  su integrante más señalado.

Los magistrados que no quieren renunciar.

La realidad supera la ficción. Nadie imaginaria al Presidente de la Corte judicial encargada de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos grabando secretamente conversaciones privadas. Mucho menos esperaría que ese funcionario las filtrara a los medios de comunicación para “hacer justicia”. Tampoco esperaría que un exmagistrado que burlo la edad de retiro forzoso y se quedó tres años más hasta finalizar su periodo responsabilizara  a sus contradictores en la misma Corte por  cualquier cosa que le pueda pasar. En cualquier parte causarían sorpresa las declaraciones de otro magistrado justificando que particulares paguen gastos a miembros del tribunal debido a la inexistencia de “base logística” que le permita  a la Corte dedicarse a organizar eventos académicos. La sorpresa de la actual crisis no son los actos de corrupción mediante los cuales se arreglaban procesos en un alto tribunal sino la frescura y desparpajo de sus protagonistas, los cuales personalmente o por intermedio de sus abogados se han encargado de complicar su situación personal mediante declaraciones erróneas en los medios de comunicación.

Es tal el grado de confianza y seguridad  que algunos abogados cocteleros y lobistas tienen con relación a sus  actuaciones, que cuando iniciaba el escándalo el abogado de la firma involucrada que fue contratado en el momento posterior a la selección por la Corte Constitucional de la tutela mediante la cual  su  cliente buscaba  dejar sin efectos un fallo de la Corte Suprema de Justicia, no tuvo inconveniente en acompañar al Magistrado implicado en la acusación y mentirle a un periodista sobre su participación en el caso. Luego de ser descubierto indicó escuetamente que por su amistad con el juez y al verlo afectado por las denuncias de sus compañeros lo había acompañado a la entrevista a solicitud de un grupo de amigos. De esta manera un exmagistrado de la Corte Constitucional y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicaba su conducta. Días después se ha hecho pública otra acción de tutela en que los mismos protagonistas de esta historia como abogado y juez defendían a la firma Recaudos y Tributos para lograr que ésta firma continuara desangrando al municipio de Santa Marta por un contrato absurdo y contrario a los interés público que fue suscrito hace algunos años para la recaudación de los impuestos de la ciudad.

No podía faltar en esta historia el exitoso exmagistrado de la Corte Constitucional, hoy Fiscal General de la Nación quien se declaró impedido para actuar en el presente caso debido a que como abogado rindió por ochenta millones de pesos un concepto a Fidupterol indicando que por las actuaciones adelantadas en el caso de los dineros del departamento de Casanare no le cabía responsabilidad alguna. Un par de años después del millonario concepto las autoridades fiscales y judiciales dictaminaban todo lo contario y la empresa se iba a liquidación ante la imposibilidad de pagar por las obligaciones derivadas de las condenas en su contra por su intermediación en el manejo de los dineros del citado departamento. Estos exclientes del actual fiscal tuvieron menos suerte que Palacino y su amigos de Saludcoop, a quienes la justicia jamás llamó a rendir cuentas por el “manejo” de los recursos de la EPS.

Y… ha existido algún pronunciamiento gremial por lo ocurrido? Ninguno, aunque no se descarta que los mismos firmantes de la carta de apoyo al Magistrado Alberto Rojas de hace algunos meses, este pendientes de suscribir una nueva declaración de apoyo en respaldo a los compañeros injustamente acusados. Renuncié o no Pretelt, nadie cree en un proceso adelantado por la Comisión de Acusaciones, razón por la cual sería deseable que la facultades de derecho o el gremio de los abogados emitiera alguna declaración sobre el tema. El que calla otorga. La manera de impulsar los procesos por parte de los involucrados en este caso es un reflejo de la forma en que se manejan algunos casos ante la rama judicial en Colombia. Y mucha veces, como en este caso, los clientes se parecen a los abogados. Por eso, escuchar al defensor del magistrado señalado indicar que la ética no tiene relación con el derecho no debía estremecer a nadie. Más que una declaración errada fue una descripción de la realidad por parte de uno de los abogados del momento que hace de esa frase una forma exitosa de ejercicio profesional.

La renuncia no debía limitarse a Pretelt. Debían irse todos los magistrados que conociendo las calidades del personaje lo apoyaron con su voto para ser presidente de la más importante Corte del país. No es benéfico para Colombia que continúen en su cargo magistrados que graban a sus interlocutores de manera ilegal para luego redactar sentencias sobre la protección a los derechos fundamentales. La Corte no actuó con convicción propia sino que adoptó decisiones presionada por la opinión y los medios de comunicación. Cuando los magistrados vieron que podían venir por todos, soltaron al más débil a los lobos.

 Para los estudiantes, abogados y ciudadanos, la revelación de la manera en que se trafican influencias en las altas cortes debe generar una reflexión que permita considerar que si el derecho no se relaciona con la ética, la posibilidad de volver a tener confianza en la administración de justicia es ninguna.  Mientras se siga estimulando la figura del abogado canchero, serruchero y con contactos como la ideal de la profesión, episodios como estos serán el pan de cada día.

Tres años sin fiscal en Colombia

Hace tres años el Consejo de Estado determinaba que la elección de Vivian Morales como Fiscal General de la Nación se había realizado vulnerando el reglamento de la Corte Suprema de Justicia y por ello resolvió anular su elección. El expresidente Uribe y sus seguidores habían considerado un desacierto el nombramiento de una persona lejana a sus planteamientos como cabeza de esta institución y consideraban que dicha funcionaria había iniciado una suerte de persecución contra los probos funcionarios del gobierno que partió en dos la historia de Colombia. A los pocos días y luego de elaborarse de manera ágil la terna para la designación del fiscal fue elegido el abogado penalista Eduardo Montealegre, exviceprocurador, exmagistrado de la Corte Constitucional quien para esa fecha ejercía su profesión  de abogado asesorando a personas tan transparentes y  claras como Carlos Palacino, gerente de Saludcoop a cambio de algunos pocos millones de dólares. Su trayectoria académica aseguraba tener en el cargo a alguien que conocía del tema , además ser discípulo del exprocurador Bernal permitía inferir que podría realizar  una tarea similar a la de su maestro: Cuatro años dedicado a enterrar acusaciones importantes y hacer noticias con casos pequeños en que los encartados carezcan de patrimonio e influencias políticas.

Una nueva decepción tendrían el presidente Uribe y sus amigos. El nuevo fiscal asumió desde finales del 2012 de hecho el cargo de Ministro del Interior. Se convirtió en un defensor acérrimo del proceso de paz y con la reforma a la fiscalía quedó con un importante poder para designar miles de funcionarios. Realizó de facto una reforma al código de procedimiento penal y desde el caso de Siguifredo López a quien acusó de ser cómplice en el secuestro de sus compañeros diputado de la Asamblea del Valle, resolvió que la mejor manera de notificar el inicio de procesos y diligencias era a través de los medios de comunicación. La entrevista con W radio de esta semana donde notificó a Oscar Iván Zuluaga de su citación a la fiscalía es  la última de sus actuaciones en ese sentido. Parece que le hubiera ido mejor a los uribistas si Vivian Morales hubiera terminado su periodo como fiscal.

A 27 meses de la estafa colectiva de Interbolsa, sus principales autores intelectuales y beneficiarios de la misma continúan en libertad, algunos incluso viviendo fuera del país bajo la mirada asombrada de los estafados. Los  hallazgos de la Contraloría General sobre el mayor desfalco a la historia de la salud en Colombia calculado en 1,4 billones de pesos no tuvieron como consecuencia el inicio de acciones penales contra ninguno de los implicados en dicha defraudación. Su antiguo abogado, hoy fiscal general de la nación ni siquiera se ruboriza cuando se le pregunta sobre el tema. Los congresistas vinculados al escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes fueron reelegidos o se retiraron a disfrutar su pensión sin realizar siquiera una entrevista ante la fiscalía por las irregularidades ocurridas en esa entidad. La única acusación por la que demostró interés el ente acusador en los últimos tres años fue el proceso express realizado contra la excontralora Sandra Morelli, acaso la única funcionaria que se atrevió a pedirle explicaciones al fiscal por sus relaciones con Saludcoop EPS. Si a lo anterior adicionamos que  los procesados o condenados por procesos de corrupción salen del país para no atender sus procesos o cumplir sus condenas como en los casos de Liliana Pardo o Andrés Felipe Arias, tenemos una  idea de la nueva concepción de “justicia” que ha traído este oscuro periodo de la fiscalía.

Hace algunos años la Revista Semana denunciaba el carrusel de los magistrados mediante el cual funcionarios de la rama judicial eran encargados por meses de unos cargos en algunos despachos judiciales para duplicar o triplicar su pensión. Por esas conductas que perjudicaban el patrimonio del Estado fue procesado una secretaria del Consejo Superior de la Judicatura a quien se acusó de “manejar” esos nombramientos mediante elaboración de resoluciones que hacía firmar a los inocentes magistrados. Nada más se investigó por esos hechos y los magistrados siguieron en sus cargos y los nuevos pensionados disfrutan en la actualidad de sus millonarias mesadas. Esta semana que termina se anunció la captura de 48 profesores en Chocó que mediante documentación falsa querían subir sus pensiones de 1 a 2 millones de pesos. El CTI en pleno se encargó de la captura de tan peligrosos delincuentes y anunció que continuarían con los operativos para perseguir a quienes defraudaran al Estado.  Los profesores no tenían secretaria a quien culpar de su conducta ni su patrimonio era importante para eludir la actuación de la justicia.  Sin poder ni dinero no cumplían con los requisitos exigidos en la nueva era de la fiscalía para no ser procesados. Por eso, da risa cuando uno se pone a pensar que un personaje como el actual fiscal es uno de los principales defensores de la “paz” en Colombia.

El Estado que funciona sin rama judicial.

Se cumplen dos meses del cese de actividades de los funcionarios de la rama judicial sin vislumbrar un acuerdo que ponga fin a la protesta. Tampoco se observe interés del gobierno en resolver las diferencias de más de veinte años con los huelguistas. Por su parte, los trabajadores saben que los gobiernos son muy amplios para firmar acuerdos pero poco rigurosos al cumplirlos y por esto en esta oportunidad parecen ir por el todo o nada. El momento para realizar peticiones extravagantes no es el mejor debido a que el actual presidente hipoteco el presupuesto de la próxima década para su reelección pensando en un barril de petróleo con un precio superior a los noventa dólares y ahora que el valor de este recurso va cuesta abajo no sabe que inventarse para cumplir los compromisos “programáticos” con varios de sus aliados. Que en  un país con aspiraciones de entrar a la OCDE (Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico) la administración de justicia suspenda sus labores por más de sesenta días es algo que debía ser relevante y su solución prioritaria para el gobierno. Durante este tiempo de paro judicial, el presidente ha estado pendiente de asuntos más importantes como reunirse con James Rodríguez en Madrid, recibir a su alteza el príncipe Carlos y recibir grados honoríficos de universidades extranjeras. Ocupaciones tan importantes no permiten que en la agenda del ejecutivo se incorporen temas menores como la ausencia de administración de justicia.

Para las personas del común, la existencia de un paro judicial afecta a quienes han tenido la desventura de ventilar un proceso ante los juzgados de cualquier jurisdicción y jerarquía. A menos de quince días para el inicio de la vacancia judicial, quienes tuvieran algún trámite urgente tendrán que pensar que hasta febrero del año entrante comenzaran a tramitarlo debido a que las primeras semanas de enero se perderán mientras los funcionarios al regreso de sus vacaciones reprogramam audiencias y turnos que han sido modificados por la protesta. Y algunos piensan que Venezuela  o México son ejemplos de estados fallidos. Ahora, ¿Cuál es la justicia que se encuentra en cese de actividades ? La misma que después de dos años no ha imputado cargos a los cerebros de la estafa de Interbolsa. O la misma que no realizó acción alguna en casos como los de Saludcoop y por el contrario, llevó a la cúpula de la fiscalía al abogado de estos oscuros personajes. O aquella justicia que condena al borrachín pobre pero permite que el borrachín rico “ repare” a sus víctimas y siga su vida con un anécdota más que contar. O la justicia que suspende consultas populares a horas de su realización y en favor de la industria petrolera.  La indiferencia del gobierno y los ciudadanos ante el actual paro judicial es un efecto de la percepción que se tiene de la justicia en Colombia.  Pareciera no existir diferencia en que la rama judicial se encuentre o no operando, pues quienes infringen la ley de manera sistemática y notoria jamás son castigados. Solo basta revisar la forma como el Gobierno se encuentra dedicado a expedir una ley para “subsanar” las ilegalidades cometidas por la acumulación de baldíos  por parte de empresas nacionales y extranjeras asesoradas por abogados sofisticados.

Nota: El Edificio de la sede de Unasur se llama Néstor Kirchner. El Secretario General que lo inaugura es Ernesto Samper con la presencia del demócrata Nicolás Maduro. Puede desde ya imaginarse el tono ético de la Organización. Y quieren crear una Corte del Sur¡¡. Nadie mejor que nuestro actual fiscal como miembro de la misma dada su inigualable integridad. 

Los inamovibles de las farc.

La finalización del proceso electoral hace cinco meses en Colombia coincidió con la disminución de la premura de la partes en la negociación de La Habana de llegar a acuerdos sobre los puntos faltantes de la agenda acordada hace dos años. De lograr acuerdos sobre dos temas de manera concomitante con el proceso de reelección presidencial se pasó a la exasperante lentitud del segundo semestre del año, en el cual han brillado las farc por su incapacidad de reconocer el daño que han causado en medio del conflicto. La soberbia de Márquez y el resto de miembros de la cúpula de las farc hace recordar los días del Caguán.

La lectura de los acuerdos firmados hasta el momento referentes a reforma agraria, estatuto de oposición y drogas ilícitas parecieran generar solo responsabilidades  a cargo del Estado y ninguna a cargo del grupo guerrillero. La tímida referencia sobre el asunto de las drogas en el conflicto ha sido recibida como una victoria del Gobierno debido a que las farc jamán habían aceptado su inocultable relación con el narcotráfico. La demora de los puntos de la agenda que quedan por acordar (victimas, dejación de armas y fin del conflicto) tiene sustento en que sobre esos temas el grupo guerrillero tiene que asumir responsabilidades y compromisos. El problema es que la conducta histórica de las farc indica que jamás aceptan errores y rehúyen los compromisos.

Por lo anterior, la reciente visita del presidente Santos a varios países europeos en compañía de su hijo y algunos ministros tenía como finalidad más que buscar recursos en países que tienen problemas económicos, en buscar apoyo para los acuerdos que se espera suscribir con la guerrilla de las farc en los cuales no habrá verdad, tampoco justicia y mucho menos reparación. Así las cosas, es claro que la guerrilla no ha cedido ni cederá en los siguientes puntos:

1-) La cúpula de las farc no pagará un día de cárcel: Aunque fue muy criticado, en el proceso de desmovilización de grupos de autodefensa en el gobierno de Uribe se establecieron penas alternativas de hasta ocho año de prisión para los integrantes de estos grupos. En este proceso no habrá cárcel. La condición de “delincuentes políticos” de las farc aceptada por el Gobierno impide que delincuentes como Romaña que sembraron de terror el llano colombiano paguen un día de prisión. Es un punto no negociable.

2-) Las farc no reparara con sus recursos a sus víctima:. A pesar de ser reconocidos los recursos económicos de los que dispone está organización provenientes especialmente del narcotráfico, las farc no desembolsaran un peso para reparación a víctimas debido a que no aceptan su condición de victimarios.

3-) Las farc no realizaran un reconocimiento expreso de perdón por las atrocidades cometidas en cincuenta años: No es gratuita la propuesta de analizar todo el tema del conflicto desde los años treinta. Con un espacio temporal tan amplio, el grupo guerrillero justificara su existencia e indicara que los muertos de esta lamentable violencia son en su mayoría causados por el Estado. Su comportamiento con las víctimas que han viajado a La Habana deja entrever su posición en la materia.

Sin cárcel, reparación a las víctimas, verdad ni  perdón los guerrilleros esperan saltar a la actividad política como si ningún delito de lesa humanidad hubiera cometido.  La posición sobre estos temas es similar a la que tuvieron en procesos pasados. Los verdaderos inamovibles siempre han estado en el lado de las farc. La oferta es esa o “guerra”. El presidente Santos ha aceptado la oferta y ahora está dedicado a idear la mejor manera de presentarla a sus conciudadanos. Nadie imagina el tamaño del sapo que tocara tragarse.

La justicia en épocas de Montealegre

Pareciera que la única forma  en que  la Fiscalía General de la Nación actúa de manera ágil y contundente es cuando los investigados son contradictores del megalómano hombrecillo que preside esa dependencia. Los procesos contra Sandra Morelli y Pablo Bustos son una prueba de ello. Mientras el ente acusador gasta su tiempo en tan importantes expedientes, los delincuentes que realizan estafas masivas tipo Interbolsa o defraudaciones millonarias estilo Saludcoop no son llamados a responder por sus delitos. Han sido tan pobres las acciones de la fiscalía en los últimos años que en todos los procesos que han sido publicitados ha tenido resultados negativos. Desde el falso positivo contra Siguifredo López hasta la sentencia absolutoria de Carlos Cárdenas, el sello de esta fiscalía es el fracaso.

A la feria de contrataciones con objetos superfluos denunciada por El Espectador, se suma la constante aparición del jefe de la entidad en los medios de comunicación haciendo las veces de vocero del Gobierno para impulsar normas de punto final para los guerrilleros que participan en el proceso de paz. En las últimas semanas, ha aumentado su apuesta proponiendo un proceso de desmovilización de las bandas criminales, eufemismo que utilizamos para designar a grupos de asesinos que extorsionan y chantajean a placer en diversas partes del país. En lugar de perseguir a los delincuentes, ésta fiscalía se dedica a idear fórmulas para que sus penas sean bajas o inexistentes.

El abogado de Saludcoop en su forma de proceder es  un discípulo adelantado de su maestro, del cual fue viceprocurador en un cuatrenio en que dicha entidad la única sanción importante que impuso contra Leonor Serrano de Camargo,  gobernadora de Cundinamarca fue luego declarada nula por el Consejo de Estado.

Los casos por los desfalcos a la Dirección Nacional de Estupefacientes se estancaron de manera indefinida mientras que la única preocupación del fiscal en la impresentable reforma de poderes que se tramita en el Congreso es mantener un fuero que le permita actuar sin ningún tipo de preocupaciones.

Montealegre es el fiel representante de la forma en que se ejerce el derecho en la Colombia actual donde imperan las influencias y las intrigas por encima del derecho y  las normas. La justicia en Colombia depende del grado de influencia que tenga el encartado y su abogado. Por eso, son tan diferentes los destinos de un ladrón de gallinas y del representante legal de una institución de salud acusada de robar 1,4 billones de pesos. El primero es condenado a cárcel y el segundo vive cómodamente en Miami. Este es el clima propicio para que figuras como Montealegre, ayer abogado de defraudadores y hoy fiscal que solo propone medidas que favorecen los delincuentes sean quienes manejan la justicia en Colombia.  Es lo que da la tierra.

Como hundir reformas constitucionales en repúblicas bananeras

El 20 de junio de 2012 el Congreso de Colombia aprobó una reforma constitucional que se denominó la “reforma a la justicia”. El Ministro de Justicia al cerrar las sesiones donde se aprobó la conciliación final del texto de la reforma manifestaba que “…Quiero agradecer el trabajo de los honorables senadores ponentes que estuvieron todo el tiempo acompañando el proyecto, de los miembros del equipo de conciliadores que participaron ayer..” No habían pasado 24 hora de aprobada la reforma cuando los medios de comunicación y algunos ciudadanos se mostraban contrariados por el contenido de la misma. La prolongación del periodo de los magistrados de las altas cortes y el aumento de su edad de retiro forzoso  ,los cambios en el juzgamiento de los congresistas y la modificación de algunas causales de inhabilidad fueron algunos de los temas que no fueron bien recibidos por la sociedad en general. El Ministro que la noche anterior felicitaba a los congresistas ahora anunciaba demandas contra la reforma aprobada y se lamentaba de los cambios realizados por los conciliadores. A su turno, el presidente de la Cámara de Representantes reconocía en público que había votado la reforma sin haberla leído siguiendo las instrucciones del Gobierno. Debido al aumento del rechazo popular, el presidente Santos resolvió convocar a sus consejeros legales más cercanos quienes sugirieron que convocara al Congreso a sesiones extraordinarias para que estudiara unas objeciones presidenciales al acto legislativo aprobado (reforma constitucional) y de esta manera lo hiciera desaparecer del ordenamiento jurídico. Así se hizo y el Congreso sumiso siempre a la mermelada del ejecutivo avalo las objeciones presentadas y archivo el acto legislativo que días antes había aprobado y por el cual había sido felicitado por el Gobierno. Solo existía un inconveniente: No existe fundamento legal que permita al Presidente de la República objetar reformas constitucionales y mucho menos convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para tramitar dichas objeciones. Lo anterior, que podría tener importancia en un país en que se respete el Estado de Derecho no fue siquiera tenido en cuenta por el Presidente de la República que una vez más nos enseña que el fin justifica los medios.

El Decreto mediante el cual el Presidente realizó la convocatoria a sesiones extraordinarias fue demandado ante el Consejo de Estado. Después de 27 meses de juicioso estudio y con la celeridad propia de la jurisdicción contencioso administrativa, la Sala Plena de éste tribunal en decisión dividida resolvió declarar la nulidad del citado decreto debido a la falta de competencia  que tiene el Presidente de la República para convocar a sesiones extraordinarias con la finalidad de estudiar objeciones a reformas constitucionales. En otras palabras, se vulneró la Constitución por parte del presidente de la república  a la vista de todos los ciudadanos y las autoridades de Colombia. ¿Y qué efectos tiene esto? Ninguno. El mismo Consejo de Estado señala que el fallo no tiene efectos retroactivos, con lo cual, aunque las objeciones presidenciales y la convocatoria a sesiones extraordinarias para tramitarlas son ilegales, los efectos de estos actos se mantienen en el ordenamiento jurídico. Eso sí, el tribunal señala de manera enfática que en el futuro no puede repetirse esta situación. Resumamos lo que paso en lenguaje cotidiano: Juan Manuel Santos lidero una reforma constitucional a algunos aspectos de la rama judicial y al régimen de juzgamiento de los congresistas. La reforma fue aprobada con el apoyo del Gobierno que felicito a quienes participaron en la misma. Debido al rechazo de la ciudadanía al contenido de la reforma, el presidente violo la Constitución al realizar objeciones  a un acto legislativo y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para tramitar éstas. El Consejo de Estado decreta la nulidad de los actos del presidente por no tener fundamento legal, es decir, por ser ilegales pero determina que el efecto de su sentencia regirá hacia el futuro, por lo cual  no se afectaran las decisiones adoptadas con base en una ilegalidad.  Conclusión: El presidente vulnero la Constitución y la ley sin consecuencia alguna.  ¿Puede pasar esto en un “ Estado de Derecho”? ¿Qué diferencia existe entre un monarca y un presidente constitucional que puede violentar cuando quiera la Carta política? La respuesta es sencilla: Esto es materia común de repúblicas bananeras donde la Constitución se interpreta y acomoda de acuerdo a las necesidades del mandatario de turno.

Y cuando sale esta noticia, tenemos nuevamente al mismo presidente en compañía de  su actual Ministro del Interior y para el 2012 congresista quien participó en la fallida reforma, acompañados del actual vicepresidente, quien para esa época era Ministro del Interior, unidos con el  expresidente a la Cámara que votó la reforma constitucional sin leerla y en premio de ello es hoy Director Nacional de Planeación “liderando” una nueva reforma constitucional sobre los mismos temas.  Ellos están tranquilos porque saben que en Colombia pueden vulnerar la Constitución y la ley sin consecuencia alguna. Por si las moscas, eligieron al abogado de la empresa que cometió el mayor fraude en la historia de Colombia como fiscal y acaban de elegir como Contralor una persona a quien se le vence el periodo en año y medio por cumplir la edad de retiro forzoso. Bueno, eso importaría si estuviéramos en un Estado de Derecho. Y para completar de apoderarse de los organismos de control, en la reforma modelo 2014 proponen que sea el presidente quien terne a todos los candidatos a Procurador.  Si esto lo hubiera hecho Uribe se hablaría de un golpe de Estado pero como lo hace Santos es un “reacomodamiento institucional.” El lobo se quita el disfraz de oveja pero nadie parece darse cuenta.