De Mechas a la Contralora: Ciudadanos de primera y segunda.

Las fotos no podían ser más conmovedoras. El magnánimo Juan Manuel II entregaba a “Doña Mechas” una casa nueva en la cual la imagen del generoso benefactor tendría mejor lugar que el sagrado corazón. La beneficiaria de dicho regalo presidencial fue la misma que mediante un video casero replicado miles de veces manifestó su intención de voto por Santos en lugar de su contrincante en las pasadas elecciones. La escena no debería provocar algo diferente a una sonrisa por parte de los desprevenidos lectores de prensa que observaban al pacificador repartiendo prosperidad por Colombia. Sin embargo, este acto refleja algo diferente: es la continuación  de la costumbre de los políticos  de usar los recursos púbicos como propios para “premiar” a sus seguidores. Además, es la reiteración de nuestra cultura de no respetar la fila. Mientras la seguidora de Santos solo necesito de la influencia de su padrino para obtener una vivienda gratis, en Villavicencio hay cientos de familias desplazas y vulnerables que desde hace más de una década esperan la entrega de sus viviendas en la Urbanización San Antonio. Familias con subsidios asignados desde 2003 continúan esperando que les entreguen sus viviendas en la misma urbanización donde fue asignada la vivienda a la seguidora ´presidencial. Marchas, tutelas, procesos y quejas ante todas las instancias existentes en el ordenamiento jurídico colombiano no han podido conseguir que finalice la construcción de estas viviendas. El pasado sábado el presidente Santos anunciaba que se entregarían 7000 millones de pesos para terminar más de 600 viviendas que debieron terminarse hace ocho años. Así, los que están haciendo la fila hace 10 años continúan su espera mientras los recomendados del todopoderoso reciben los beneficios de “juanpa”.

La igualdad en el trato de los ciudadanos solo existe en la Constitución. En la vida diaria el tratamiento recibido por el Estado depende las más de las veces de las condiciones económicas, influencia o recomendaciones del ciudadano. La Fiscalía General de la Nación presidida por el abogado de la empresa acusada del mayor desfalco a la salud en la historia de Colombia y que sólo después de tres años ha tenido la idea de solicitar una entrevista con el cerebro de dichas operaciones anunció de manera pública la citación a audiencia de imputación de cargos por diferentes delitos a la Contralora saliente Sandra Morelli. La acusan de diversas irregularidades en el traslado de la sede administrativa de la Contraloría de un viejo edificio en el centro de Bogotá a una cómoda sede en otra parte de la ciudad, lugar donde existía suficiente espacio para albergar  el ego de la funcionaria pagando a  cambio  más de 2.800 millones de pesos mensuales de arriendo. Esa austera entidad es la que tiene por función constitucional realizar el control fiscal en Colombia. Las acusaciones de la fiscalía mencionadas en la rueda de prensa, lugar donde mejor se maneja el ente acusador bajo esta nefasta administración, informan de  la pérdida de miles de millones de pesos debido al traslado realizado. A pesar de las graves acusaciones, el ente acusador informa que no solicitara medida de aseguramiento contra la Contralora Morelli. Es decir, la acusan de delitos contra la administración pública que generaron la pérdida de miles de millones de pesos pero no consideran pertinente solicitar que la acusada sea detenida. ¿Y cuál es la razón para ello? Si  ciudadanos acusados de delitos mucho menores son privados de su libertad diariamente no se entiende como una persona a quien se acusa de haber  cometido tan graves delitos no deba ser cobijada por una medida de aseguramiento. Bueno, aunque en este caso, al menos han existido acusaciones. Mientras tanto, en casos como los de   Saludcoop e Interbolsa, sus principales protagonistas siguen libres sin siquiera acusación de parte de la fiscalía. No hace falta saber cuáles son las causas del trato diferenciador en estos casos.

Pero como toda situación mala es susceptible de empeorar, la aplanadora del Congreso de Santos entregó la Contraloría a Edgardo Maya. Dando muestra de su lucidez y conocimiento de la entidad que va a presidir, horas después de su elección en entrevista con El Tiempo decía el nuevo Contralor: “ Qué va a hacer con el tema de la minería ilegal? La minería ilegal y el medio ambiente en general serán grandes componentes de la Contraloría. Además, vamos a tener mucho que ver con la defensa y promoción de los derechos humanos.” Maya desde la Contraloría espera ejercer las funciones del Ministerio Público. Ojala alguien le explique en qué consisten las funciones de su nuevo cargo.

Podemos reformar la constitución las veces que queramos pero mientras el Estado siga siendo manejado por presidentes que piensan que pueden entregar casas sin respetar la fila, fiscales que asumen su cargo a pesar de los evidentes impedimentos que tienen y contralores que no tienen idea las funciones de su despacho nada va a cambiar. Juan Manuel II tuvo la oportunidad de realizar cambios en este aspecto pero prefirió asegurar su “gobernabilidad” a la sombra de los corruptos de ayer, hoy y mañana. Salvo el proceso de paz, en su forma de gobernar y actuar cada día se parece más a Alvaro Uribe. Y cuando uno ve al pobre Uribe en la plenaria del Senado rogando que lo dejen hablar u observa a Gaviria llorando por su candidato a Contralor recuerda que el poder es efímero. Ojala Juan Manuel II se dé cuenta a tiempo.

Los dueños ocultos de Colombia en la posesión presidencial.

Entre los cientos de asistentes  a la posesión de Juan Manuel II resaltaba la figura de un oscuro personaje que repartía abrazos y saludos a diestra y siniestra. No me refiero al reencauchado expresidente que estrena cargo internacional. Su transparente proceso fue archivado hace 18 años por la Cámara de Representantes y es cosa juzgada. Su intachable conducta es desde esa época ejemplo para los mandatarios locales y regionales en el país. El personaje del que hablo es el dueño de la política y los presupuestos públicos en el departamento de Bolívar hace lustros. A pesar de haber sido condenado por sus acciones como servidor público, dichas decisiones judiciales no tuvieron como consecuencia su retiro de la actuividades públicas. Al contrario. La posibilidad de actuar a la sombra aumento su poder de manera significativa. Su esposa, Piedad, la “barbie” del Congreso tomó una curul en el Senado que mantuvo hasta que la Corte Suprema de Justicia la llamó a juicio por presuntos nexos con el paramilitarismo. (La palabra presuntos se utiliza en Colombia para evitar demandas de personajes que consideran lesionado su derecho a la honra por realizar afirmaciones sin que medie sentencia judicial) Cuando comenzaba el proceso judicial que hoy se encuentra en la etapa de juicio, la distinguida pareja asitía a eventos sociales como la boda de la hija del procurador Ordoñez.

Este nuevo impase no significo ninguna dificultad para éste cacique electoral. Postulo en las elecciones de marzo a uno de sus hijos, quien ahora es flamante senado del partido de la Unidad Nacional. El pueblo de Bolívar con sus envidiable indicadores de educación, salud y servicios públicos se empeña en reelegir a miembros de la misma familia para que dirigan sus destinos. El nuevo senador se encargara de continuar la tarea de sus antecesores. Por ello, jamás lo escucharan en debate alguno. Su labor consiste en votar los proyectos del gobierno de turno a cambio del manejo de entes territoriales. Se encontrara el joven senador con su tía en la misma corporación. La tía Teresita reemplazó en su curul a su hermano Alvaro quien fue condenado a 40 años de cárcel por la Masacre de Macapeyo en la cual fueron  asesinados 15 campesiones y 200 familias fueron desplazadas. Alvaro es uno de los dueños de la polítca en el departamento de Sucre donde en la elecciones de marzo pasado su hermana Teresita sacó más de 25.000 votos por el Partido Opción Ciudadana (antiguo PIN), organización política creada para recibir todos los candidatos que por razones gastricas no eran aceptados por los movimientos políticos ya existentes. El partido Opción Ciudadana obtuvo algo más de medio millón de votos en la última elección, distinguiendos en sus listas como mayor elector  de esa organización el hijo de Hugo Aguilar, ex gobernador de Santander condenado a prisión por concierto agravado para delinquir. El hermando del Senador es el actual Gobernador de Santander. De tan selecta lista también fue elegido el hijo del Gobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, impoluto personaje conocido en los medios políticos. Esos distinguidos ciudadanos son los compañeros de partido de Teresita. Como un homenaje a las minorías políticas, el Congreso eligió el pasado 20 de julio a Teresita como Segunda Vicepresidenta del Senado. 

Lejos de recibir una condena social por sus evidentes actos de corrupción, el exsenador Juan José García es frecuentado por dirigentes nacionales. Su apoyo es una garantía de triunfo en algunos departamentos del norte del país. García se convierte día a día en un modelo a replicar en diferentes localidades y regiones de Colombia. Ha demostrado que ante el poder económico y político que tiene los Uribes y Santos de turno se inclinan para contar con su favor. La Colombia real está llena de figuras como García que se adueñan de regiones y manejan las entidades públicas como si fuera de su propiedad ante la mirada atónita de los ciudadanos que observan como en lugar de ser señalados, estos personajes son agasajados. Mucho esperamos del proceso de paz. Todos deseamos la desmovilización de la guerrilla y su “inserción” a la vida civil, pero mientras no se desmovilicen quienes han tenido secuestrado al país y sus instituciones desde hace décadas, de nada servira la firma de un acuerdo de paz. Ningún mensaje más contradictorio para una sociedad que aspira a ser, según Juan Manuel II la “ más educada de Latinoamérica en 2025” que ver a delincuentes de invitados de honor en la posesión del presidente de la república. 

Lecciones para burlar la justicia.

El pasado 4 de junio se cumplieron diez años de la aprobación por parte de la comisión primera de la Cámara de Representantes de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial en Colombia. La representante Yidis Medina de manera sorpresiva apoyó la enmienda constitucional y el representante Teodolindo Avendaño se ausento del recinto al momento de la votación, situación que permitió la aprobación de la reforma. El cambio de criterio a última hora de ambos congresistas fue determinante para la instauración de la reelección presidencial. Cuatro años después, ante las cámaras de televisión Medina admitiría haber recibido contraprestaciones de parte del gobierno por el cambio del sentido de su voto, situación  que tendría como consecuencia la realización de un juicio y posterior condena por el delito de cohecho. Tiempo después, al parlamentario Avendaño se le comprobaría que el Gobierno a cambio de su ausencia en  la votación de la reforma  le entregó la posibilidad de designar un Notario en la ciudad de Bogotá, en razón a lo cual, el parlamentario puso en venta esa posición, como quien vende un carro recibido en dación de pago, encontrando una persona que adquirió ese “derecho”y le pagó una cuantiosa suma de dinero con la finalidad que el Ministro de Interior por decreto lo nombrara como “guardián de la fe pública” en la capital. Mientras la justicia condenaba a los parlamentarios, la Fiscalía iniciaba un proceso penal contra los Ministros del Despacho que habían realizado los acuerdos con los delincuentes que habían cambiado su voto. El Ministro del Interior Sabas Pretelt, quien fue enviado a la Embajada de Italia entregó poder a un conocido exprocurador para su defensa. Este prestante abogado, conocido profesor y conferencista, además de maestro del abogado de Saludcoop que hoy ocupa la Fiscalía ha centrado su defensa en impulsar nulidades procesales debido a que en su parecer todas las diligencias de este proceso debía adelantarlas el Fiscal General de la Nación de manera indelegable y por ello cualquier actuación en que no repose la firma de este funcionario carece de validez. Luego de tener un éxito parcial con esta estrategia, recuso a todos los jueces del caso y fruto de ello se eligieron conjueces para adelantar el proceso. Ahora,  después de una década de los hechos delictivos y cuando la Corte apresta a tomar su decisión final acude a una acción de tutela aduciendo violaciones al debido proceso con la finalidad de anular por esta vía la actuación adelantada contra su defendido y de esta manera acercarse a la prescripción de la acción penal. La Corte Constitucional “seleccionó” dicha acción de tutela para su revisión y está próximo a fallar sobre el particular. La “suerte” ha estado del lado del exministro y exembajador debido a que la posibilidad que una acción de tutela por violación al debido proceso sea escogida para revisión por la Corte es altamente improbable pero si las personas cuentan con los contactos necesarios todos es posible en el sistema judicial colombiano. Los discursos del exfuncionario y su abogado repiten de manera incesante las palabras debido proceso. Sin embargo, los recursos y las acciones interpuestas y la forma en que se ha dilatado este proceso son una clase magistral de tinterilladas que servirán a todos nuestros colegas para obstruir la justicia en nombre de los derechos fundamentales.

En el caso del proceso contra Pretelt se podría argumentar que se trata de un abogado utilizando todas las herramientas que da la ley para defender a su cliente. Sin embargo, en el caso del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex contratista de la Contraloría y actual Presidente del Consejo Superior de la Judicatura la situación es más cómica. A Ricaurte  el Consejo de Estado le declaró  nula la elección debido a que la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que había ternado su nombre había sido a su vez elegido por él mismo postulado. Por tanto, este enmermelador del poder judicial debía retirarse de su cargo. Este magistrado que debe promulgar el respeto por los fallos judiciales promulga este principio siempre y cuando los mismos no sean en contra de él. Interpuso recursos de aclaración y recuso después del fallo a algunos integrantes de la Sala de decisión que suscribieron la decisión. ¿La finalidad? Demorar, dilatar el cumplimiento de fallo para seguir ejerciendo sus funciones en el Consejo Superior de la Judicatura. Este Magistrado litigante no tuvo ningún problema en asistir a la posesión del Congreso el pasado 20 de julio. Eso de la vergüenza es un comportamiento para los tontos. Ese personaje es quien diseña las ternas de los postulados a los altos cargos de Corte y Tribunales en Colombia.

No los aburro nuevamente recordando que en noviembre se cumplen 2 años de la estafa masiva de Interbolsa esperando que la Fiscalía acuse a los principales cerebros de la defraudación. Y mientras lo anterior ocurre, Montealegre se apresta a nombrar más de 3.000 funcionarios en la Fiscalía General de la Nación debido a la reforma de la institución sancionada la semana pasada por el presidente Santos y el Ministro de Justicia encargado Miguel Samper, hijo del muy honorable y distinguido Secretario General de Unasur. (Estamos en Colombia, el hijo del presidente acusado de recibir aportes del narcotráfico en su campaña es el Ministro de Justicia. Si Garavito tuviera influencia política, algún hijo suyo dirigiría el Instituto Colombiano de Bienestra Familiar) Y mientras vemos como exfuncionarios, exprocuradores y magistrados se burlan de la  justicia  a la vista de todos los ciudadanos, quienes dictamos clases de derecho quedamos sin argumentos para promover el respeto al debido proceso y la lealtad procesal pues si los colegas de “mostrar” no tienen rubor para enturbiar los procesos, es imposible exigirle al gremio un comportamiento diferente al de sus “estrellas”.  

Las deudas que Santos comienza a pagar.

Cuando se habla de maquinarias políticas, caciques,  compra de votos y prácticas malsanas en la política colombiana hay nombres y apellidos que  se han convertido en sinónimos de las anteriores palabras, con la particularidad que muchos de sus protagonistas y su descendencia continúan en la actividad política sin ninguna sanción por parte de jueces ni entes de control. Un representante de estas casas políticas será el encargado de ponerle la banda presidencial a Santos el próximo 7 de agosto. Comenzará su segundo periodo el presidente reelegido haciendo su juramento ante uno de los patrocinadores de su campaña reeleccionista que le aseguro un holgado triunfo en las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Una foto para la historia: Un clientelista tomándole juramento a un oportunista.

Como si el anterior símbolo fuera poco para indicarnos con la clase de personas con las cuales llega Santos endeudado a su segundo periodo, el gobierno ha comenzado a dejar ver el cobre desde temprano. No solo es la disminución del presupuesto de Colciencias después de que el presidente candidato en la campaña se ufanó en cuanto foro asistió de su respaldo a la educación sino la reforma a la ley de regalías para permitir que algunos proyectos de inversión sean aprobados sin la participación de los Ocads (Organos Colegiados de  Administración y Decisión) con la finalidad de  “disminuir las trabas burocráticas”. Con lo anterior, todo el discurso que la Dirección Nacional de Planeación ha mantenido desde la reforma y ha divulgado por el país sobre la importancia de estos entes para controlar las inversiones ha quedado sin fundamento pues ahora los proyectos se asignarán a dedo, como antes de la reforma a las regalías. Ya elegido para su segundo mandato, el presidente por medio del Ministro Dragacol ha informado que mantendrá el 4 por mil y prepara otra mini reforma tributaria.

El gobierno mira para otro lado con la temible terna para la Contraloría General de la Nación con la cual garantiza  que no existirá fiscalización en los próximos cuatro años. Se ríen tanto de las normas que hasta uno de los ternados en menos de un par de años cumplirá la edad de retiro forzoso para funcionarios públicos, pero eso no parece incomodar ni a la Corte que lo terno de manera irregular ni al Senado que realizara la elección.  Ambientados ya con el tono moral que tendrá este segundo tiempo de Santos, se impulsa el nombre del expresidente Samper para Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Al parecer, los miembros de la Organización quisieron rendir un homenaje al primer Secretario General de la Unión, el expresidente  Nestor Kirchner y para ello buscaron entre  los países miembros un expresidente  que tuviera los mismos comportamientos honestos y transparentes del argentino y no encontraron mejor elección que el colombiano Ernesto Samper.  El presidente Santos apoyara la postulación del papá de su viceministro de justicia. Y como en el país todo queda en familia, Simoncito, el hijo del César, se prepara para asumir un Ministerio y de esta manera seguir sumando experiencia para su destino, la presidencia de la república.

Mientras tanto, los diálogos de paz que tanto avanzaron previos a la primera y segunda vuelta presidencial fueron suspendidos mientras los negociadores de ambas partes se dedicaban a temas importantes como el Mundial de Fútbol y se reanudaron el pasado 15 de julio, Es una lástima, porque donde la segunda vuelta hubiera sido el 30 de junio se hubiera agotado la agenda y ya estaría firmada la paz. Pero agotada la campaña y asegurada la reelección, se volvió al ritmo anterior.

Todo lo anterior ocurre antes de que inicie el segundo mandato de Santos, pero el tono de las discusiones y algunas de las decisiones adoptadas hacen pensar que aunque se ganó la reelección, se perdió el gobierno.

Las vergüenzas de nuestra justicia que oculta el Mundial de Fútbol

En medio de la euforia por la actuación de la Selección Colombia en el Mundial del Fútbol, actividad que centra la atención de todos por estos días, han ocurrido una serie de sucesos que revelan el estado de nuestra justicia:

1-Una sala de conjueces del Consejo de Estado declaro nula la elección de Alberto Rojas como magistrado de la Corte Constitucional. El señor Rojas, ampliamente conocido por la opinión pública por sus imprecisas declaraciones de impuestos y sus actuaciones como apoderado de viudas no fue separado del cargo por sus inquietantes antecedentes sino porque los magistrados del Consejo de Estado, quienes seleccionaron su nombre para integrar la terna que se presentaría al Senado para la elección de magistrados de la Corte Constitucional violaron el reglamento interno de la Corporación. Por esa razón es nula la elección. En otras palabras, el nombramiento de Rojas se va al piso porque los magistrados del Consejo de Estado violaron su propio reglamento. Quienes realizaron esta transgresión a las normas no son propiamente actrices enamoradas que firman documentos ante Notario desconociendo su contenido. No. Son los más altos jueces del contencioso administrativo que resuelven los litigios entre el Estado y los particulares.

2- Edgardo Maya Villazón, él mismo que dejo sin firmar el fallo dentro del proceso disciplinario  contra el  Ministros Sabas Pretelt de la Vega al finalizar su gestión, él mismo que impidió el procesamiento de su hermano y su hijastro mientras ejerció como procurador, él mismo que tuvo como Secretaria General de la Procuraduría a la esposa de un magistrado que agradecía al mafioso Georgio Sale los obsequios que recibían, él  mismo que revocó la sanción disciplinaria de Fernando Carrillo por su triste papel en la fuga de Pablo Escobar en 1992 fue ternado por la Corte Constitucional para ser Contralor General de la Nación en una clara violación del reglamento interno de esa corporación, la cual hace apenas unas semanas había desechado su nombre y el de otros aspirantes y había convocado nuevamente a quienes estuvieran interesados en ser designado para ese cargo a presentar sus hojas de vida. Detrás de esta nueva interpretación del máximo tribunal constitucional del país está el magistrado Aberto Rojas, antiguo subordinado de Maya en la Procuraduría General de la Nación. Para darse una imagen del exprocurador y actual aspirante a Contralor es recomendable la lectura del libro “La caída del Imperio Maya” del periodista Gonzalo Guillen que retrata las proezas de este prohombre.

3-Diecinueve meses después de la intervención de Interbolsa, los cerebros de la estafa siguen tranquilamente en la calle con excepción de Rodrigo Jaramillo, el patriarca de la firma quien decidió aceptar unos cargos menores y cumple su  “pena” desde su apartamento de El poblado en Medellín donde observa con total tranquilidad el Mundial de Fútbol  Su hijo Tomás, Juan Carlos Ortiz y Víctor Maldonado ofrecieron a las víctimas de su estafa una compensación irrisoria que fue rechazada de manera unánime y en razón a ello el Fondo Premium Capital iniciará su liquidación. Ojala el acucioso abogado de Saludcoop que ejerce como Fiscal General de la Nación impulse los procesos penales contra los perpetuadores del fraude, pues resulta inaudito que transcurran los días y los meses sin verificar actuaciones del ente acusador contra estos delincuentes de cuello blanco. Ojala está investigación no corra la misma suerte que la realizada contra los congresistas (ayer uribistas hoy santistas) que saquearon la Dirección Nacional de Estupefacientes y de la cual cinco años después no se tienen resultados.

Ojala los triunfos de la Selección Colombia no sirvan como cortina de humo para que estas bochornosas situaciones no sean divulgadas y tratadas en debida manera. La corrupción y la impunidad que campean en el país son tan o más peligrosas que el conflicto armado con la guerrilla que esperamos finalice con el proceso de paz en curso.  Es escalofriante pensar en un país con un procurador con la intolerancia de  Ordoñez, un fiscal con los intereses de Montealegre y un Contralor con los antecedentes de Maya. El problema es que Santos quedo tan hipotecado con quienes le prodigaron los votos para su reelección que ante este tipo de situaciones no puede levantar su voz. Esperemos que no sea ese el tono del próximo cuatrenio.

A las puertas de la tercera reelección de Uribe

Doce años después de su llegada a la presidencia, el país se apresta a reelegir por tercera vez a Alvaro Uribe. En 2006 en nombre propio, en 2010 en el cuerpo de  Santos y ahora representado por  Zuluaga, el líder político más influyente de nuestra época obtendrá su cuarta victoria consecutiva en elecciones presidenciales desde 2002. En Colombia participa  solo  el 50% de los ciudadanos con derecho a   votar en las elecciones.  La cuarta parte de esos habituales sufragantes son uribistas convencidos de las bondades de los ocho años del gobierno de la seguridad democrática que consideran lamentable que el líder que  dirigió la transformación de Colombia no pudiera quedarse de manera vitalicia en el cargo de presidente. Para remediar esa situación, hace cuatro años votaron por el candidato que recibió la bendición del elegido y ahora, cuatro años después, lo harán por el candidato designado por el partido creado y dirigido por el exmandatario traicionado por su antiguo ministro de defensa.

La oposición al proceso de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana lo impulsó a nivel nacional durante el segundo semestre de 2001. Con el rompimiento de los diálogos en febrero de 2002, a menos de tres meses de las elecciones presidenciales, Uribe recogió a su favor la indignación nacional contra la prepotencia de las farc durante el proceso del Caguán y ganó las elecciones en la primera vuelta presidencial que se convirtió en un plebiscito contra esa organización guerrillera. Su estilo trabajador y combativo recibió un importante respaldo por parte de la opinión pública, situación que le permitió tener durante sus ochos años de gobierno un alto nivel de popularidad, a pesar de los escándalos que llevaron a los estrados judiciales a sus más cercanos funcionarios. Si bien Uribe recupero la seguridad y atrajo la inversión extranjera, sus actuaciones en materia de derechos humanos y respetos por las demás instituciones dejaron mucho que desear. El Departamento Administrativo de Seguridad fue puesto al servicio de actividades delictivas por instrucciones de funcionarios cercanos al presidente de la república.  Pareciera que mientras el presidente mantuviera su actitud firme contra las farc era permitido que en su gobierno se realizaran cualquier clase de actividades, fuera éstas lícitas o no.  Recibir delincuentes en el palacio presidencial, armas complots contra funcionarios de la rama judicial, insultar y amenazar con golpear a personas cercanas, instar a pelear a presidentes de países vecinos eran situaciones que eran recibidas con gracia por sus fieles seguidores que las interpretaban como muestras del carácter que ninguno de los presidentes anteriores había tenido hasta ese momento. Para bien o para mal, Uribe representa los valores de la nueva Colombia surgida después de los setenta y los ochenta con la movilidad social obtenida por  contrabandistas y narcotraficantes donde se celebra el resultado pero nunca se pregunta por los medios. Cuando los congresistas de su coalición comenzaron a ser detenidos por sus vínculos con organizaciones criminales, lejos de realizar una reflexión sobre el asunto, Uribe solicitó a todos que votaran por los proyectos del gobierno en el Congreso antes de que fueran a la cárcel.  Fue gracias a los votos del presidente Uribe y ante la imposibilidad de éste de reelegirse en nombre propio por segunda vez que Juan Manuel Santos llegó al poder en 2010.

Las diferencias entre Uribe y Santos terminaron por acabar la relación entre ambos y convirtieron al expresidente en uno de sus más acérrimos opositores durante este cuatrenio de gobierno que termina. Causaba gracia ver al expresidente acusando a Santos de realizar las mismas maniobras politiqueras que él realizo durante ocho años. La única diferencia de fondo entre ambos, es que mientras Uribe nombraba como embajadores a personajes como Edgar Perea o Carlos Moreno de Caro, Santos nombraba a Yo,JoseGabriel.  Con el presupuesto y los cargos públicos a su disposición el actual presidente armó una arrolladora aplanadora parlamentaria que le permitía aprobar los proyectos que fueran de su interés en el Congreso. Santos y su equipo de gobierno desdeñaron la importancia política de su mentor y dieron como cierta de manera anticipada su reelección considerando las elecciones como un mero formalismo. Mientras esto ocurría, Uribe se reincorporó a la política activa, creo un partido político, se lanzó con una lista cerrada al Senado y en una convención de sus seguidores designó a Oscar Iván Zuluaga como su candidato a la presidencia. En medio de una campaña aburrida y sin propuestas, los dos candidatos con más favorabilidad se encargaron de demostrarnos todos los días que no tienen ningún límite legal, ético ni moral con tal de cumplir su objetivo de lograr la presidencia. Ambos son hijos del mismo padre. No importa como lo hagan, lo importante es que ganen. El resto lo manejamos después.

El tema de la paz ha sido el único asunto diferenciador del actual debate electoral. El presidente vende su producto indicando que quedan solo dos puntos de la agenda acordada con las farc y para salvar la posibilidad de un acuerdo, él está dispuesto a sacrificarse por el país otros cuatro años. Aunque no hay debate ni intervención en que no repita que la paz no es suya sino del país, el único argumento para solicitar el voto por su continuidad es el proceso de paz. Del otro lado, Zuluaga muy al estilo del actual presidente ha cambiado de posición hasta llegar a manifestar que continuara el actual proceso si las farc cumple algunas condiciones. Y la anterior, es la única diferencia entre los dos candidatos a la presidencia. En materia económica su propuesta es la misma, en el asunto minero, ambos  hicieron parte del gobierno de Uribe que entregó siete millones de Has en títulos, incluidas miles en páramos y no piensan modificar nada sobre el particular. Y de los demás temas ni hablan. Para los seguidores del Zorro los que votan por el presidente quieren ayudar a implantar el castrocahvismo y para los seguidores de Santos quienes voten por su contrincante están condenado al país a una guerra sin fin. Incluso, estos últimos, mayoritarios en las columnas de prensa de los diarios sugieren que votar en blanco o abstenerse es hacerle el juego a la guerra.

No nos jodan. Votar en blanco o abstenerse en un derecho que tenemos los que consideramos que el país ya eligió el pasado 25 de mayo. Eligió seguir igual, gobernado por los mismos que lo mantienen en el estado en que se encuentran hace muchos años. Los matices entre ambos aspirantes son imperceptibles. Santos depende hoy que la votación en la Costa Caribe se duplique de la primera a la segunda vuelta para tener alguna posibilidad de pelear la presidencia. Y eso solo se logra con dinero contante y sonante que manejaran los mismos que se benefician gane quien gane la presidencia. Los mismos que hace unos años fueron pastranistas, luego uribistas, después santistas y desde agosto zuluaguistas. Tipos como Carlos Holmes Trujillo. (Cónsul de López y Turbay, Ministro de Gaviria y Samper, Embajador de Pastrana, Uribe y Santos y ahora candidato a la vicepresidencia)  Gane cualquiera de los candidatos, el verdadero triunfador es Alvaro Uribe. Con Zuluaga porque manejara la presidencia y en la eventualidad de ganar Santos porque demostró que la élite tradicional del país es capaz de unas bajezas peores que las suyas con tal de no dejarse arrebatar el poder.

La Campaña: Reflejo de un país sin memoria

Hace ocho años, cuando Alvaro Uribe era presidente de la república y aspiraba  ser reelegido después de la modificación de la Constitución que hoy tiene a sus ministros del Interior y Protección Social esperando que la Corte Suprema de Justicia dicte sentencia en un proceso penal en su contra por los delitos cometidos en el trámite de esa reforma, el exministro de Comercio Exterior y de Hacienda de los gobiernos de Gaviria y Pastrana y exjefe del partido liberal Juan Manuel Santos se encargaba de la creación de un nuevo  movimiento político que denominaron partido de la U en honor al caudillo que había transformado el país , cuyo ideario sería diseñado por el primo de Pablo Escobar, hoy Senador  de la República, siendo el encargado de la estrategia de  campañas el señor JJ Rendòn patrocinador de causas humanitarias como la entrega a la justicia de asesinos y narcotraficantes. En medio de la campaña para la designación del candidato liberal a la presidencia, el senador Rafael Pardo Rueda fue acusado por Santos de realizar una alianza con las farc para impedir la reelección de Uribe. Santos nunca demostró las acusaciones realizadas contra Pardo, a las cuales tiempo después calificó de rumores que èl había divulgado.  Los conservadores y el partido Cambio Radical con Vargas Lleras a la cabeza apoyaron al candidato presidente quien logró su reelección en la primera vuelta presidencial de 2006.

El nuevo uribista pura sangre recibió como premio a su trabajo y dedicación el Ministerio de Defensa Nacional desde donde logró labrar una imagen pública de hombre exitoso, de mano dura y sucesor de la seguridad democrática. Entre sus acciones más importantes estuvieron el ataque al campamento de Raul Reyes en Ecuador y la liberación de Ingrid Betancur. En esta última acción ,se utilizaron en un helicóptero signos de la Cruz Roja, situación que fue desmentida por varios meses por el gobierno hasta que las pruebas no dejaron dudas de la utilización de estos emblemas. Negada la posibilidad de una nueva modificación constitucional que permitiera una segunda reelección, el exministro Santos, único responsable ante la historia de los éxitos de las fuerzas armadas en la lucha contra las farc se convirtió en el candidato que sucedería a Uribe en la presidencia, para lo cual su único tema de campaña hace cuatro años fue mencionar en todos los foros y lugares que sería el continuador del mejor presidente de la historia de Colombia. Santos conto con todo el apoyo del gobierno y logro su objetivo de llegar a la presidencia de la república. Ministro de tres de los cuatro presidentes que lo precedieron, el nuevo mandatario había demostrado a lo largo de su carrera política que tiene un concepto particular de la lealtad: solo se guarda lealtad a si mismo. La ceremonia de posesión del nuevo presidente fue particular. Su antecesor sentado en una silla presenció la posesión gesticulando sus aprobaciones y negaciones sobre el discurso del presidente del Congreso, senador Armando Benedetti. Al parecer, nuestro caudillo quería notificara todos que no había entregado sino prestado el poder a su exministro, mientras una Asamblea Constituyente modificaba la carta política y le permitía regresar a ocupar la presidencia de manera vitalicia. La historia sobre los desencuentros entre el actual presidente y su antecesor se profundizó por el inicio de los diálogos de paz del actual gobierno con las farc. A partir de ese momento, Uribe y sus seguidores identifican a Santos como un impulsor  del castrochavismo que quiere implementar en Colombia los fracasados modelos de gobierno de Cuba y Venezuela. La realidad demuestra todo lo contrario. Santos ha sido un suscriptor serial de tratados de libre comercio que salvo los temas del proceso de paz ha continuado las mismas políticas del gobierno anterior. Los cambios que ha intentado realizar en asuntos diferentes han fracasado estrepitosamente. Las reformas a la educación y la justicia son un ejemplo de ello. La modificación al tema de las regalìas ha permitido que personajes como Chica aumenten su patrimonio de manera astronómica en pocos años.

Las disputas de las últimas semanas previas a la elección del próximo domingo referentes a la interceptación de comunicaciones promovida por un integrante de  campaña de Zuluaga y las gestiones del estratega de la campaña de Santos para promover la entrega de delincuentes han centrado la atención del país. Dos semanas antes que comenzaran las acusaciones mutuas, en un acto público el aspirante a la vicepresidencia Germàn Vargas Lleras fue interrumpido por un asistente a una reunión política. La respuesta del candidato tildándolo de gamìn y expulsándolo de la reunión fue el comienzo. Menos de 24 horas después por las redes sociales Vargas orgulloso demostraba que dicha persona era miembro del partido de Uribe y demostraba su afirmación con fotografías. ¿Cómo obtuvo esa información el candidato? ¿todas las personas que intervienen en sus reuniones son grabadas e investigadas? ¿Quièn realizo esa investigación en tan corto tiempo?. Llevamos una semana  siendo informados diariamente sobre las relaciones del “hacker” con Zuluaga. Queda claro hasta el momento que funcionarios del gobierno continúan realizando interceptaciones ilegales en el territorio nacional.  El problema aquí es que esa información era vendida a terceros como Sepulveda que la utilizaban en la campaña que le pagaba para manejar asuntos de estrategia en redes sociales. Quien aparece en la mitad de todo el asunto es Luis Alfonso Hoyos, funcionario de Uribe durante su gobierno y Director del Sena de la administración Santos hasta 2012. Para terminar de ensombrecer el panorama, el expresidente galerista, padre del jefe del partido liberal y aspirante a Ministro sale a la plaza pública a gritar improperios contra Uribe.  Ese expresidente fue el mismo que hace 23 años traicionando los principios de Galàn, en cuyo nombre había llegado al poder, “pactaba” con Pablo Escobar su entrega a la justicia. Solo falta que el elefante salga a exigir claridad en la financiación de las actuales campañas.

Nada de lo que está pasando debe sorprender a nadie. Somos testigos de la lucha entre dos personas igual de ambiciosas y que no tienen  limites éticos para lograr sus objetivos. Santos escuda su ambición de gloria eterna chantajeándonos con el proceso de paz. La firma de un acuerdo que permita la desmovilización de los miembros de las farc solo puede lograse si él es elegido presidente. Uribe, el padre de los inversionistas inmobiliarios millonarios siempre ha demostrado que es fiel a aquello de que el fin justifica los medios. Todos los que gravitan alrededor de ambos “líderes” son las mismas personas que se han beneficiado del Estado en los últimos veinte años en el país. En realidad no existe disyuntiva entre uno y otro.  La victoria de cualquiera de los dos es el triunfo del mismo grupo de personas que manejan el país desde siempre. Recuerden a Rafael Pardo después de haber sido falsamente acusado por Santos, recibiendo el Ministerio de Trabajo. O Serpa la embajada en la OEA después de la primera victoria de Uribe.  Son caimanes del mismo pozo y por el desconocimiento de nuestro contexto vamos a elegir entre dos opciones que son la misma. Por su cercanía y hermandad, sus acusaciones mutuas tienen un valor adicional: Son todas verdad.